Así lo sostuvo el diputado y secretario general de la CGT Saúl Ubaldini de la provincia de Chubut, al tiempo en que hizo hincapié en la necesidad de que la sociedad conozca los alcances de la “Ley Ómnibus” donde el Gobierno nacional busca arrogarse poderes absolutos.
El diputado provincial y secretario general de la CGT Saúl Ubaldini de la provincia de Chubut, Gustavo Fita, hizo un llamado urgente a la comunidad para que se interiorice sobre los cambios propuestos por el Gobierno Nacional a través de la controvertida «Ley Ómnibus». Es un conjunto de medidas que abarca desde la criminalización de la protesta, la desregulación del empleo público hasta la privatización de empresas estatales y le permite al Poder Ejecutivo legislar sobre asuntos en los que, hasta ahora, sólo puede legislar el Congreso.
“A 26 días de iniciada su gestión, Javier Milei sigue intentando que el su plan de ajuste lo paguen los trabajadores. Primero con una marcada devaluación del peso, luego con el mega decreto con el que busca modificar o derogar 366 leyes que regulan distintos sectores de nuestra economía. Y ahora, con el envío al Congreso una ley ómnibus, un proyecto con más de 600 artículos que proponen reformas profundas en materia tributaria, laboral, penal, energética y electoral”, detalló Fita.
Además, explicó: “Este proyecto de Ley refleja la pretensión del Presidente de contar con poderes y facultades extraordinarias que son inconstitucionales. También se propuso derogar prácticamente la ley de pesca en su totalidad, una medida inaceptable teniendo en cuenta la importancia histórica de la industria pesquera argentina”.
“No es casualidad, que todos los gobernadores patagónicos, de distintos colores, incluso del mismo color político de partidos aliados al propio oficialismo, como el de Tierra del Fuego, el de Río Negro, el Santa Cruz y el propio Nacho Torres aquí en Chubut hayan firmado un documento en contra. No es una cuestión ideológica, se trata de sostener una industria que genera miles de puestos de trabajo”, precisó Gustavo Fita.
Por otra parte, el diputado provincial expresó su preocupación ante la propuesta del gobernador Nacho Torres que “sugirió la posibilidad de que la flota de Estados Unidos patrulle en la milla 200 de Argentina, lo cual nos pone en una situación grave en términos de soberanía. En nombre de la libertad, se estaban socavando derechos y conquistas del Estado argentino, resultado de años de lucha y consagración”.
En ese marco, Fita instó a la sociedad a informarse y debatir sobre estas medidas que podrían tener consecuencias significativas para el país. “La participación ciudadana y el análisis crítico son esenciales en este proceso. Por eso creemos fundamental difundir y dar a conocer a la sociedad los principales alcances de las reformas propuestas por el presidente al Congreso”.
Puntos críticos de la Ley Ómnibus
1. Criminalización de la Protesta:
La Ley Ómnibus propone la criminalización de la protesta, agravando las penas para delitos como atentado y resistencia a la autoridad. Se establecen penas de prisión para quienes obstaculicen el normal funcionamiento de transportes o servicios públicos. La figura del «organizador» de manifestaciones también se introduce, generando inquietudes sobre la limitación de la libertad de expresión y el derecho a la protesta.
2. Privatizaciones:
La ley declara sujetas a privatización a 41 empresas públicas, entre ellas el Banco Nación, YPF, Aysa, Aerolíneas Argentinas y la agencia de noticias Télam. Fita plantea interrogantes sobre el impacto en la soberanía económica y la posible concentración del poder en manos privadas.
3. Salud:
La eliminación del control de precios a la medicina prepaga y la desregulación de farmacias y laboratorios públicos generan preocupaciones sobre el acceso a medicamentos esenciales y la calidad de los mismos. La concentración en grandes cadenas de farmacias podría afectar negativamente a la diversidad y accesibilidad de servicios de salud.
4. Empleo público:
La creación del fondo de reconversión laboral plantea inquietudes sobre la estabilidad laboral de los empleados públicos. Las medidas relacionadas con despidos y movilidad entre jurisdicciones refuerzan el poder sancionatorio y generan incertidumbre sobre el futuro de los trabajadores.
5. Seguros y defensa de la competencia:
La libertad para que las compañías de seguros definan productos sin autorización previa y la facultad de la Agencia de Mercados y Competencia para investigar conductas anticompetitivas generan cuestionamientos sobre la transparencia y equidad en estos sectores.
6. Desregulaciones en intereses, comisiones de tarjetas y alquileres:
La eliminación de topes en intereses y comisiones de tarjetas perjudica a usuarios y pequeños comercios, mientras que la desregulación en alquileres podría afectar a inquilinos al permitir reclamos en dólares y liberar condiciones contractuales.
7. Empleo Registrado – «Blanqueo»:
Las medidas de condonación de deudas y la figura del «colaborador» para las PyMes generan críticas sobre la protección de derechos laborales y la equidad en las relaciones de trabajo.
