El proceso de solicitud de ciudadanía española para descendientes de exiliados, impulsado por la Ley de Memoria Democrática, derivó en un inédito colapso administrativo: el Consulado General de España en Buenos Aires acumuló más de 645.000 solicitudes.
Esta gran demanda, cuya fecha límite para presentar la documentación vencía el 22 de octubre del año pasado, derivaba de una prórroga de 365 días decidida por las autoridades españolas para responder a la demanda récord que ya generaba aquella normativa.
Ante esta avalancha de pedidos, el Consejo de Residentes Españoles anticipó que, tanto los servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación -junto con los del Consulado General- decidieron tercerizar la carga de los datos en papel de los expedientes en el registro civil electrónico, con el fin de agilizar esta fase de la tramitación.
Hasta el 31 de julio de 2025, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática había registrado 876.321 solicitudes de nacionalidad española bajo la ley en todo el mundo, de las cuales 366.579 correspondían a personas residentes en Argentina. Esto representa un 42% del total global, con 174.277 argentinos que ya obtuvieron la ciudadanía.
Los expedientes generados por la normativa representan un volumen físico notable: los documentos relacionados con los trámites ya suman aproximadamente 56 toneladas de papel.
Tomando como referencia el antecedente de la Ley de Memoria Histórica -que involucró 60.000 casos resueltos en diez años-, se calcula que se necesitaría más de un siglo (104 años) para resolver el caudal actual de solicitudes.
El último semestre de 2025 evidenció la magnitud del fenómeno: 298.701 nuevas solicitudes fueron ingresadas. En Buenos Aires se concentran además otros 220.000 pedidos en los consulados de Córdoba, Bahía Blanca, Rosario y Mendoza.
Qué es la Ley de Memoria Democrática
Esta normativa amplió los derechos de nacionalización hereditaria ya que permite tramitar la ciudadanía a quienes nacieron fuera de España y son hijos o nietos de exiliados que salieron del país por persecuciones políticas, ideológicas, de creencias o por su orientación e identidad sexual. Desde la reglamentación de la ley, acreditar el exilio dejó de ser un requisito excluyente, lo que facilitó numerosos expedientes.
La disposición adicional octava también reconoce el derecho de nacionalidad para los hijos mayores de beneficiarios de la opción establecida en la Ley de Memoria Histórica de 2007 o en la ley vigente, así como para quienes hayan estado bajo la patria potestad de un ciudadano español.
Quienes buscan la ciudadanía por residencia deben demostrar al menos uno o dos años de permanencia legal en España según su situación -un año para cónyuges de españoles; dos para descendientes o nacionales de países iberoamericanos-, la ausencia de antecedentes penales en el país de origen y un nivel comprobable de integración.
Vale recordar que la comunidad española en Argentina es la más numerosa fuera de la península, con 482.176 ciudadanos españoles residentes al 1 de enero de 2024 y una estimación de casi tres millones de personas con vínculos familiares en el país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística de España.
El Consulado y el CRE insisten, a través de comunicados oficiales, en la demanda de paciencia y comprensión frente a una tramitación que, por su magnitud, se extenderá mucho más allá de los plazos habituales, bajo supervisión directa desde Madrid y con refuerzo tecnológico y humano en curso.
Fuente: Infobae
