El Senado convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II, una iniciativa que busca incentivar el ingreso al circuito financiero formal de dólares que los contribuyentes mantienen fuera del sistema. La propuesta fue aprobada por 44 votos contra 23, con el respaldo de legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales.
Uno de los principales cambios de la nueva normativa es la eliminación de las restricciones para ingresar al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. Hasta ahora, el sistema establecía límites de ingresos y patrimonio para poder adherir. Entre ellos, se encontraba un tope patrimonial de $10.000 millones, mientras que el límite de ingresos estaba fijado en $1.000 millones.
Con la reforma, esos topes dejan de ser un requisito para acceder al régimen. El Gobierno plantea que esta modificación permitirá ampliar la cantidad de contribuyentes que pueden utilizar el sistema simplificado y favorecer el ingreso de fondos que permanecen fuera de la economía formal.
La ley establece, además, una exclusión específica para funcionarios públicos. El Presidente de la Nación, legisladores, jueces y ministros del Poder Ejecutivo no podrán acceder a los beneficios del sistema simplificado. La prohibición también alcanza a quienes hayan ocupado cargos públicos durante los cinco años anteriores.
Otro de los cambios centrales está relacionado con las denominadas “discrepancias significativas”, que determinan cuándo la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede cuestionar una declaración simplificada. La iniciativa establece que será considerada significativa una diferencia que implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos 15% respecto de lo declarado.
A ese criterio porcentual se suma un filtro económico: ARCA investigará cuando la diferencia supere los $5 millones. El nuevo esquema busca establecer de esta manera cuándo una diferencia en la declaración puede dar lugar a una intervención del organismo recaudador.
La reforma también contempla la bancarización de las operaciones, aunque se permitirá hasta 2027 la realización de operaciones de compraventa de inmuebles bajo las condiciones previstas por el nuevo régimen. Además, se propone una reducción de las multas para los contribuyentes que adhieran al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias.
La sanción de la iniciativa representa un avance legislativo para el Gobierno Nacional, que buscaba aprobar la reforma como parte de su estrategia para promover la formalización de fondos. Para conseguir la aprobación, el oficialismo contó con el acompañamiento de distintos bloques y debió incorporar el tratamiento del proyecto de biocombustibles como parte del acuerdo legislativo.