Una causa judicial se abrió en Puerto Madryn tras detectarse posibles irregularidades en la presentación de documentación utilizada para acceder a beneficios durante el cumplimiento de una pena por violencia de género.
La investigación, impulsada por el Ministerio Público Fiscal, apunta a un hombre detenido que habría presentado certificados de cursos a su nombre que, en realidad, no habría realizado. Según la denuncia, las capacitaciones fueron completadas por su expareja, quien además fue víctima en la causa por la que el imputado resultó condenado.
De acuerdo a lo expuesto por el procurador de Fiscalía, Fernando Blanco, esos documentos habrían sido utilizados para solicitar el “estímulo educativo”, un régimen contemplado en la Ley 24.660 que permite reducir los plazos para acceder a salidas transitorias en función de actividades formativas realizadas durante la detención.
Entre los cursos presentados figuran capacitaciones vinculadas a carpintería, soldadura, cultivo hidropónico, construcción de termotanques solares, seguridad vial y competencias digitales, entre otros.
A partir de esa documentación, en su momento la jueza interviniente había otorgado una reducción de dos meses en los tiempos para acceder a beneficios. Sin embargo, tras detectarse posibles inconsistencias en los certificados, se inició una nueva investigación.
El caso fue encuadrado de manera provisoria como uso de instrumento público falso, delito que contempla sanciones para quienes utilizan documentación adulterada con conocimiento de su falsedad.
