El proyecto de ley del Poder Ejecutivo de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo legislación local, que propone un tratamiento similar a la propuesta realizada a los acreedores bajo ley extranjera, comenzará a ser debatido en los próximos días en la comisión de Presupuesto del Senado.
El texto, firmado por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el ministro de Economía, Martín Guzmán, fue girado a la comisión de Presupuesto de la Cámara alta, que conduce el senador del Frente de Todos por Córdoba, Carlos Caserio, donde comenzará el debate en los próximos días.
La iniciativa también fue girada, a título informativo, a la comisión bicameral de Investigación del origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación, que conduce el jefe de los senadores del FdT, José Mayans.
El proyecto que ingresó el jueves por la noche al Senado con el número de expediente 91/20 consta de ocho artículos y una serie de anexos en los que se detallan las características de los bonos a ser elegidos.
Los tenedores de los Títulos Elegibles que no adhieran a la invitación a canjear continuarán con sus pagos diferidos hasta el 31 de diciembre del año próximo.
El Ministerio de Economía tiene previsto realizar un canje de títulos en dólares emitidos bajo legislación local, varios de ellos cuyos pagos fueron «reprogramados» por dos bonos en pesos ajustados por inflación, más una sobretasa.
En los fundamentos del texto, se ratifica que la propuesta se realizó «en consonancia con la oferta efectuada para los tenedores de títulos públicos emitidos bajo legislación extranjera».
«El marco macroeconómico sobre el que la propuesta se ha sustentado presenta una secuencia progresiva de condiciones para tranquilizar la economía y ampliar el horizonte de planificación, de modo que las decisiones de los individuos y las empresas comiencen a operar en condiciones estables», expresa.
El proyecto destaca que la capacidad de repago de la Argentina «está relacionada tanto con el crecimiento sostenible a largo plazo -condición que a su vez depende de la capacidad de la economía de expandir la producción de bienes comerciables-, como con los compromisos que se han asumido en la oferta realizada para la reestructuración de la deuda pública emitida bajo ley extranjera».
«De igual modo -añade el texto- el volumen de deuda y la tasa de interés promedio que surge de la reestructuración, en uno y otro caso, es compatible con el sendero de superávits primarios que se plantean en el escenario, de manera que en el largo plazo las relaciones de deuda a producto de la economía se estabilicen, garantizando la sostenibilidad».
También, señala que «los niveles de superávits primarios comprometidos en los escenarios tenidos en cuenta al momento de elaborar ambas propuestas resultan compatibles con una economía que requiere un restablecimiento del gasto de capital como parte sustancial del mantenimiento de la capacidad de crecimiento en el mediano y largo plazo».
El documento agrega que «la consolidación fiscal gradual es económica y socialmente soportable y encuentra su basamento en la necesidad de atender requerimientos sociales urgentes producto tanto de la emergencia económica como de los gastos extraordinarios originados en el brote de Covid-19, que a su vez tendrá un fuerte impacto en los recursos públicos».
En otro tramo de la norma, aclara que la propuesta «se alinea con la oferta de reestructuración de los títulos emitidos bajo ley extranjera, incorporando incluso opciones en pesos para determinados instrumentos elegibles, con lo que también preserva los objetivos de sostenibilidad de la deuda pública aliviando las restricciones de mediano y largo plazo devenidas de la actual carga de la deuda».
Fuente: Telam
