Ayer lunes al mediodía se realizó en Comodoro Rivadavia la audiencia de control de detención y apertura de investigación por un hecho de robo agravado ocurrido el pasado 13 de diciembre en el establecimiento rural “Cerro Tacho”. La causa involucra a Néstor Ulloa, José Luis Ojeda y Francisco Vignale, quienes fueron imputados provisoriamente como coautores del delito de robo agravado por ser cometido en despoblado y en banda.
Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público Fiscal, Maximiliano Morsucci, solicitó que se declare legal la detención de los tres acusados, se formalice la investigación y se dicte prisión preventiva por el plazo de tres meses. La Fiscalía fundamentó el pedido en la existencia de elementos de convicción que los vinculan con el hecho, además del riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, teniendo en cuenta la gravedad de la pena en expectativa y el conocimiento previo que los imputados tendrían del dueño del establecimiento.
Según se expuso, el hecho ocurrió el 13 de diciembre alrededor de las 21 horas, cuando los imputados ingresaron al establecimiento tras cortar el candado de la tranquera. En el interior redujeron al peón del lugar, a quien ataron de pies y manos, y sustrajeron diversos elementos de valor. Antes de huir, habrían agredido a la víctima a puntapiés y cargado los objetos robados en la caja de una camioneta Ford Ranger Raptor, con la que escaparon por la Ruta 39.
El peón logró desatarse y dio aviso al propietario del campo. Posteriormente, un familiar del damnificado divisó el vehículo a la altura de Diadema y alertó a la policía. Personal de la subcomisaría de Palazzo localizó la camioneta y, tras una persecución por el barrio Gas del Estado, procedió a la detención de los sospechosos, constatando la presencia de los elementos sustraídos en el rodado.
Las defensas de los imputados no cuestionaron la legalidad de las detenciones ni la calificación legal provisoria, pero se opusieron al dictado de la prisión preventiva. Solicitaron la libertad de sus asistidos con presentaciones periódicas ante la autoridad judicial, o de manera subsidiaria, arresto domiciliario.
Finalmente, el juez penal Miguel Caviglia resolvió declarar legal la detención, autorizar la formalización de la investigación y disponer la libertad de los tres imputados, imponiéndoles la obligación de realizar presentaciones semanales ante la Oficina Judicial por el plazo de tres meses. El magistrado consideró que no existen riesgos concretos de entorpecimiento de la investigación, valoró el arraigo de los acusados y entendió que la prisión preventiva resultaba una medida excesiva en esta etapa del proceso.
