El juez federal de Esquel dispuso la expulsión de, entre otros, Cruz Cárdenas: un ex brigadista del Parque Nacional “Los Alerces”, sospechado de participar de los incendios intencionales que consumieron miles de hectáreas de la Comarca Andina el pasado enero. «Esta gente tiene que estar presa» había afirmado en su momento el gobernador Torres.
La Justicia Federal, a través del Juzgado con asiento en la ciudad de Esquel, hizo lugar al pedido de desalojo, iniciado por el Gobierno del Chubut y la Administración de Parques Nacionales, de un grupo de integrantes de una comunidad mapuche que usurpó tierras en el Parque Nacional “Los Alerces”, a quienes se los vincula, además, con incendios intencionales que dejaron miles de hectáreas quemadas en la Comarca Andina de Chubut.
La resolución de la Justicia Federal, publicada este miércoles, dispone «la expulsión de Cruz Ernesto Cárdenas, María Belén Salinas y de cualquier otro ocupante asentado ilegalmente dentro de las zonas conocidas como ex Población Felidor Salinas, Seccional El Maitenal, valle del Arroyo Cascada, sus valles tributarios y las nacientes del Arroyo Rañinto», todas en jurisdicción de la Reserva Nacional “Los Alerces” y del Parque Nacional “Los Alerces”.
«Esta gente tiene que estar presa», había afirmado en más de una oportunidad el gobernador del Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, en relación a dicho grupo de usurpadores, entre los que se encuentra Cruz Cárdenas: un ex brigadista sospechado de participar de los incendios intencionales.
En tal sentido, y una vez conocido el fallo, el gobernador de la provincia aseguró que “en Chubut ya no hay lugar para los usurpadores”, y destacó el trabajo de la Justicia Federal, señalando que los desalojados “son pseudo mapuches que se embanderan en falsas banderas de pueblos originarios para cometer delitos».
“Como gobierno provincial no vamos a permitir nunca más que ningún delincuente afecte, incendie o se apropie de un patrimonio natural que es de todos los chubutenses y de todos los argentinos”, expresó también Torres al celebrar la resolución de la Justicia Federal, y agregó: “Esperamos que el procedimiento de desalojo se arbitre con todas las garantías correspondientes y bajo la debida supervisión de las autoridades judiciales”.
El conflicto, según consta en el texto de la sentencia, se inició cuando Cárdenas y Salinas, miembros de la comunidad mapuche Pailako Futalaufquen Mew, comenzaron a ocupar estos territorios en 2019, expandiendo su presencia mediante la ocupación de terrenos que antes fueron parte de la Población Felidor Salinas y otras zonas aledañas.
Desde el inicio de la ocupación, se registraron múltiples incidentes que incluyen vandalismo, agresiones a personal de Parques Nacionales y daños a la infraestructura. Estos hechos se vieron acompañados por la aparición de símbolos mapuches en carteles viales y la destrucción de una obra cultural conocida como «El Cristo».
El juzgado determinó que los derechos de ocupación tradicional de los pueblos indígenas no justifican la usurpación de tierras ni el uso de medios ilegales para recuperar territorios. En este sentido, la sentencia aclara que los actos de ocupación y vandalismo no están amparados por la ley y, por ende, no justifican la permanencia en los terrenos en cuestión.
La resolución del juzgado contempla la intervención del Ministerio de Defensa debido a que parte del territorio en cuestión se encuentra en una zona fronteriza con Chile. Por eso se dispuso que un Oficial de Justicia, acompañado por personal de la APN y de la Policía Federal, llevará a cabo una constatación judicial para verificar el estado de ocupación y la cantidad de personas en el lugar.
