La Justicia Federal de Río Grande ordenó a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited que se abstengan de iniciar o continuar obras vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas.
La resolución fue dictada por la jueza federal Mariel Borruto, quien hizo lugar a una medida cautelar presentada por un excombatiente de la guerra de Malvinas. La decisión alcanza las actividades relacionadas con perforaciones, instalaciones submarinas y el inicio de la extracción comercial de hidrocarburos.
El fallo también contempla restricciones sobre operaciones financieras destinadas a llevar adelante el emprendimiento. Entre ellas se encuentran nuevos contratos de financiación, desembolsos, transferencias, aportes de capital, préstamos entre sociedades vinculadas y la constitución de garantías o afectación de activos.
Además, las compañías deberán entregar información sobre la estructura societaria utilizada para el proyecto, las entidades financieras y fondos involucrados, los desembolsos realizados o comprometidos y las aseguradoras y reaseguradoras relacionadas.
La Justicia también requirió documentación vinculada con los aspectos ambientales del emprendimiento, como estudios de impacto, análisis de riesgo, modelizaciones ante eventuales derrames y planes de contingencia. A esto se suma información sobre obras e instalaciones terrestres y portuarias realizadas o previstas, así como posibles ampliaciones y nuevos pozos.
La jueza aclaró que la resolución tiene carácter cautelar y que, por lo tanto, no constituye una decisión definitiva sobre la responsabilidad de las empresas ni sobre el conjunto de cuestiones que forman parte de la causa principal.
Por otra parte, Borruto pidió a la Cancillería que informe en un plazo de diez días si las empresas pesqueras vinculadas con el proyecto cuentan o contaron con alguna habilitación, permiso, autorización o consentimiento de autoridades argentinas para realizar actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas o en los espacios marítimos circundantes de la Plataforma Continental Argentina.
También solicitó información a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación. El organismo deberá determinar si existen registros de presentaciones, avisos o procedimientos de evaluación ambiental relacionados con Sea Lion y sus eventuales ampliaciones.
En caso de existir algún procedimiento, deberá informar además si fue emitida una declaración de impacto ambiental, un certificado de aptitud ambiental o una medida administrativa equivalente. Si no existe, deberá comunicar al juzgado si posteriormente se inicia algún trámite de ese tipo.
