La Plaza Belgrano, corazón cívico de la capital jujeña, se convirtió en el epicentro de un malestar que hierve desde las bases de la Policía provincial. Cientos de agentes en actividad, retirados y familiares se congregaron en los últimos días con pancartas que clamaban «Basta de humillación» y «Quien patrulla la calle también merece un aumento». El reclamo salarial, que estalló a principios de marzo, expone las grietas internas en la fuerza de seguridad: mientras el gobernador Carlos Sadir otorgaba incrementos selectivos a la jefatura y unidades especiales, los agentes rasos luchan por llegar a fin de mes en un contexto de inflación galopante que devora el poder adquisitivo.
Todo comenzó con una resolución del Ejecutivo provincial que encendió la mecha. A finales de febrero, se anunció un aumento adicional exclusivo para altos mandos: jefes de Unidades Regionales, cuerpos especiales como el CEOP (Centro de Operaciones Policiales) y la custodia de la Casa de Gobierno recibieron un «bono» que, según denuncias de los manifestantes, representaba hasta un 35% extra en sus haberes, similar a lo ocurrido en provincias vecinas como Salta. En contraste, los agentes de menor rango –los que patrullan las calles, responden a emergencias y arriesgan la vida diaria– quedaron excluidos, con un incremento general que apenas rozaba el 3% al 4% para el semestre, según versiones de los autoconvocados. «Es una discriminación obscena», espetó Álvaro Vargas, un policía retirado que se convirtió en vocero improvisado durante las marchas. «Mientras la cúpula se lleva sueldos VIP, nosotros no llegamos ni a la canasta básica».
Los números pintan un panorama desolador. Un agente principiante en la Policía de Jujuy percibe un salario básico de alrededor de $325.000, que con adicionales e incentivos puede escalar a $800.000 mensuales de bolsillo en el mejor de los casos. Sin embargo, el salario neto de bolsillo –tras descuentos por aportes jubilatorios, obra social y otros– ronda los $600.000 a $700.000 para los rangos inferiores, según estimaciones de los propios manifestantes y comparaciones con provincias como Santa Fe, donde el piso salarial se elevó a $1.350.000 netos tras similares protestas. Esta cifra choca de frente con el costo de vida en Argentina, donde la Canasta Básica Total (CBT) para una familia tipo de cuatro integrantes –el umbral para no caer en la pobreza– alcanzó los $1.430.735 en enero de 2026, según datos del INDEC, con un incremento mensual del 3,9% y un acumulado interanual del 31,6%. En Jujuy, el panorama es aún más áspero: el alto costo de la vivienda, el transporte y los alimentos básicos –agravados por la inflación provincial– deja a muchos agentes recurriendo a trabajos extras o endeudándose para cubrir necesidades esenciales.
«Estamos muy por debajo de la canasta básica. Solicitamos que el sueldo se equipare al costo de vida, que hoy es de más de un millón y medio para una familia», reclamó un familiar de un agente durante una de las asambleas en la plaza, eco de las demandas que incluyen una recomposición inmediata del 70%, el pago oportuno de recargos y adicionales, y equipamiento digno para evitar la «bicicleta financiera» que el gobierno impone sobre sus espaldas. El Servicio Penitenciario se sumó al coro de descontentos, ampliando el conflicto a toda la estructura de seguridad.
La respuesta del gobierno no tardó, pero fue tibia. Tras un encuentro entre funcionarios y una comisión de uniformados, Sadir suspendió los aumentos a las jefaturas y convocó a una mesa de trabajo para el 16 de marzo. Sin embargo, las bases lo ven como una maniobra dilatoria: «No suspendieron nada, solo postergan para calmarnos», denunciaron en redes sociales y asambleas. Algunos incluso piden la renuncia del ministro de Seguridad y del jefe de Policía, argumentando una «emergencia salarial» que pone en jaque la moral de la fuerza.
En un país donde los reclamos policiales se multiplican –de Santa Fe, Catamarca y provincias de la patagonia–, Jujuy se erige como un espejo de desigualdades estructurales. Los agentes, guardianes de la ley, ahora patrullan su propio futuro económico.
