El presidente Alberto Fernández anunció ayer la decisión de declarar como «servicios públicos esenciales» a la telefonía celular, los servicios de Internet y la televisión paga. El objetivo es garantizar el acceso a toda la población, pero hizo una aclaración fundamental para la industria: «En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado».
Los prestadores de estos servicios criticaron el anuncio del Presidente. La medida más cuestionada es el congelamiento de tarifas. «Nadie se esperaba algo así, porque venían conversando con los funcionarios del ENaCom en términos razonables», planteó un especialista del sector, según informó el diario Clarín.
Fuentes de Movistar le explicaron a ese mismo medio que «si se concreta lo trascendido en las redes sociales del presidente Alberto Fernández,nos parece un error y un retroceso para la industria y el país. Pero no hay que adelantarse: aguardaremos la publicación en el Boletín Oficial». Horas después la normativa fue publicada.
El Presidente también planteó «planes inclusivos, de prestación básica, universal y obligatoria para los que menos tienen», pero esto es algo que no se discutió con los prestadores. Desde el sector también afirman que ningún gobierno reguló los precios de los servicios de TV, Internet y telefonía «por que no son tarifas, como los servicios públicos».
«Al desvincular los precios de los costos se desfinancia al prestador, que no puede cumplir con adecuados niveles de servicio y se ve forzado a desinvertir», aseguró el directivo de un prestador de servicios de Internet a Clarín. «Esto terminará afectando al usuario, ya que se abren las puertas a ineficiencias en la prestación de los servicios», agregó.
Hace un par de semanas los tres operadores, Telecom, Movistar y Claro, habían anunciado a sus clientes aumentos en las prestaciones de telefonía prepaga, pospago, Internet, cable y hasta teléfono fijo después de meses de congelamiento. Pero es factible que estos incrementos, de entre el 6 y el 15%, no se apliquen y queden frenados hasta el 31 de diciembre.
Para muchos expertos de estas industrias, las medidas van a contramano de lo que pasa en el resto del mundo, donde los gobiernos fomentan la competencia entre múltiples prestadores nacionales e internacionales, de diversos tamaños, y donde también participan pymes y cooperativas.
Para Maryleana Méndez, secretaria general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET), «la medida anunciada afecta a las inversiones realizadas por todos los operadores y perjudica los despliegues futuros. Es clave que la normativa sectorial tenga consistencia técnica, proteja la institucionalidad y defina adecuadamente las competencias del regulado». Para Méndez «el decreto sorprendió y generó muchísima incertidumbre en el mercado. Entendemos la preocupación por el cierre de la brecha digital pero es un proceso que debe incluir a las empresas en un entorno seguro»
La ASIET, que integran más de 50 operadoras de telecomunicaciones en 20 países de América Latina, envió un comunicado en el que destacó su preocupación porque se realicen «cambios drásticos en las reglas del sector, sin una construcción previa de consensos». La organización además destacó que las telcos «son la base de la digitalización y en el contexto actual demostraron tener un rol esencial para paliar los efectos de la pandemia.
Fuente: Todo Noticias
