La Corte Suprema confirmó la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, ratificando una de las sanciones económicas más importantes de la historia judicial argentina: el decomiso de aproximadamente 84.000 millones de pesos. Este monto, según la sentencia, representa el dinero desviado a través de una maniobra de corrupción en la adjudicación de obras públicas.
El máximo tribunal rechazó por unanimidad las apelaciones, dejando firme la condena de seis años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso millonario dictado en 2022 por el Tribunal Oral Federal N°2 y ratificado por la Cámara de Casación Penal.
El fallo responsabiliza a Fernández de Kirchner como coautora de administración fraudulenta agravada, destacando su rol en la modificación del manejo de fondos del fideicomiso vial a través del Decreto PEN N° 54/2009, lo que facilitó la adjudicación irregular de contratos millonarios a empresas vinculadas a Lázaro Báez.
