El recinto del Senado argentino, ese coliseo de mármol y ecos históricos donde se dirimen los destinos del país, se dirime el futuro del agua dulce de nuestro país Allí, el senador por Chubut, Carlos Linares, plantó bandera contra la modificación de la Ley de Glaciares impulsada por el gobierno de Javier Milei. En un discurso cargado de ironía y convicción, Linares no solo rechazó el proyecto que busca abrir las puertas a la minería en zonas periglaciares, sino que denunció un sistema legislativo que, según él, se deja manipular como marionetas en un teatro de intereses ajenos a la ciudadanía. «Esto es otra vergüenza que le vamos a dar a la ciudadanía».
El contexto no podría ser más tenso. Desde diciembre de 2025, cuando Milei envió al Congreso un paquete de reformas que incluye cambios a la Ley 26.639 –sancionada en 2010 para proteger los glaciares como reservas estratégicas de agua dulce–, recogió un fuerte rechazo en todo el país.
El oficialismo argumenta que la norma actual, con su redacción «laxa», genera inseguridad jurídica y paraliza inversiones mineras por miles de millones de dólares. Según fuentes del gobierno, la reforma mantendría la protección absoluta sobre glaciares puros, pero delegaría en las provincias la evaluación de áreas periglaciares, permitiendo actividades extractivas solo si no afectan «funciones hídricas relevantes». Esto, aseguran, podría desbloquear hasta 30.000 millones de dólares en proyectos, creando empleo en regiones postergadas como la Patagonia, donde la minería ha sido un sueño frustrado por «mitos instalados» y no por realidades científicas.
Pero para Linares, un peronista curtido en la política chubutense –ex intendente de Comodoro Rivadavia y actual senador nacional–, esto no es más que un engaño envuelto en promesas económicas. En una sesión plenaria de las comisiones de Ambiente y Minería, el 18 de diciembre de 2025, ya había cruzado lanzas con el secretario de Minería, Luis Lucero, quien defendía el proyecto como un avance hacia el «federalismo real». Linares, sin rodeos, aclaró que no se opone a la minería per se, pero sí a cómo se ha intentado imponer en su provincia: recordando el fallido proyecto Navidad, donde se difundieron falsedades sobre la falta de agua, cuando en realidad existía un acuífero viable sin impacto en las cuencas. «Los glaciares no solo son hídricos, tienen un valor ambiental integral», enfatizó entonces, cuestionando los argumentos que priorizan el extractivismo sobre la sostenibilidad.
Su intervención más reciente, capturada en un video que circula en redes sociales y que parece coincidir con el fragmento transcrito de su alocución, eleva el tono a un nivel personal y ético. «Mira, no queremos que esto nos pase, que nos utilicen. Ok, los están utilizando a todos acá«, arranca Linares, con esa cadencia patagónica que mezcla el acento sureño con la indignación de quien se siente traicionado. Apunta directo a los oportunistas que «van saltando de gobierno en gobierno, que siempre tienen una nueva idea». Y no escatima en referencias: evoca cómo la senadora Patricia Bullrich, hoy aliada del mileísmo, tildaba en el pasado las ideas de Milei como «malas y peligrosas». «¿De golpe pasó a ser Churchill?», ironiza, cuestionando la velocidad con la que algunos cambian de bando. «Esto no fue hace 20 años atrás», remata, para subrayar que las volteretas políticas son frescas y descaradas.
El nudo del rechazo de Linares va más allá de la ideología: «Yo voy a rechazar. Pero no rechazo porque la propone el gobierno, rechazo porque estoy convencido de que así no se legisla». Aquí, el senador chubutense toca una fibra sensible en la Patagonia, una región que ya siente los impactos del cambio climático –sequías prolongadas, ríos menguantes– y donde los glaciares no son solo postales turísticas, sino el pulmón hídrico que sostiene la vida. Ambientalistas y opositores coinciden: la reforma delega en provincias la definición de qué proteger, rompiendo el piso mínimo federal que exige la Constitución, y abre la puerta a megaproyectos mineros que podrían contaminar cuencas y agotar reservas de agua dulce.
En Chubut, el pueblo resiste la instalación de la minería en cualquiera de sus formas y Linares, que no es un ecologista radical, es un pragmático que ve en la reforma un «avasallamiento» a las provincias, como ya lo había advertido en febrero de 2024 al criticar las políticas de Milei. «Hay que ponerle fin al avasallamiento de Milei en las provincias», dijo entonces.
Mientras el proyecto avanza hacia Diputados –condicionado por otras reformas como la laboral–, el eco de Linares resuena en la Patagonia. Cartas abiertas de ambientalistas instan a senadores chubutenses como él, Andrea Cristina y Edith Terenzi a no ceder. «Los glaciares no se tocan», claman, recordando que sin ellos, la región pierde su esencia vital. En un país sediento de dólares pero también de agua, Linares no solo vota en contra: narra la crónica de una traición anunciada, donde el hielo eterno se derrite ante el calor de los intereses. ¿Será suficiente para frenar el deshielo legal? El Senado, y la historia, juzgarán.
