El Gobierno nacional derogó el Decreto 2417 de 1993 y puso fin a más de tres décadas de control sobre los aranceles de los colegios privados sin aportes estatales. A partir de ahora, las instituciones de gestión privada podrán ajustar las cuotas y matrículas de manera autónoma, sin necesidad de comunicar los aumentos con antelación ni esperar una aprobación estatal.
La medida formó parte de una actualización del marco regulatorio que buscó evitar aumentos arbitrarios y dar mayor previsibilidad a las familias. Según el texto oficial, el esquema anterior empujaba a las escuelas a definir incrementos anticipados, basados en proyecciones macroeconómicas inciertas, que terminaban ubicando el precio de la educación por encima del resto de los bienes de la economía.
El cambio se formalizó a partir de la propuesta del Ministerio de Capital Humano. En la resolución se señaló que el sistema derogado obligaba a los colegios a informar, antes de noviembre de cada año, el valor de la matrícula y de cada una de las cuotas del ciclo lectivo siguiente. Esa obligación generaba una dinámica de aumentos preventivos y desfasados respecto de la realidad económica.
De acuerdo con los datos oficiales, en 2024 la inflación general fue de 117,8%, mientras que las cuotas escolares subieron 169%, un incremento 44 puntos superior al promedio de precios. El Gobierno interpretó que ese salto se produjo por un esquema que, al impedir ajustes graduales, llevó a los colegios a cubrirse con incrementos anticipados.
En adelante, cada colegio podrá definir sus aranceles en función de sus costos y posibilidades, la autoridad estatal no fijará topes ni plazos, pero las instituciones deberán informar los nuevos valores a los organismos educativos correspondientes una vez que los establezcan.
El nuevo esquema regirá para colegios privados sin aportes estatales, un universo que representa cerca del 6% del total de establecimientos educativos del país, alrededor de 2.000 instituciones distribuidas en todo el territorio nacional. Estas escuelas ya no estarán sujetas a la obligación de presentar proyecciones de aumentos ante el Estado antes de iniciar el ciclo lectivo.
Fuente: Infobae
