En las alturas de la Cordillera de los Andes, donde el viento helado susurra secretos milenarios, los glaciares de Argentina se erigen como guardianes silenciosos del agua dulce. Pero en febrero de 2026, el Congreso Nacional podría alterar su destino. El Senado prevé debatir la modificación de la Ley de Glaciares N.º 26.639, una norma promulgada en 2010 que protege estos cuerpos de hielo y sus entornos periglaciares de actividades destructivas como la minería. Esta propuesta, impulsada por el oficialismo, busca restringir la protección solo a glaciares con «función hídrica efectiva y relevante», abriendo la puerta a la explotación económica en zonas hoy vedadas. Ambientalistas y científicos advierten que esta reforma no es una mera actualización técnica, sino un retroceso ambiental que pone en jaque reservas vitales de agua para millones de argentinos, en un contexto de crisis climática global.
La Ley 26.639, conocida como la «Ley de Glaciares», nació tras años de luchas socioambientales para blindar estos ecosistemas frente a la megaminería. Prohíbe actividades contaminantes en glaciares y periglaciares, definidos como áreas con hielo permanente o suelo congelado que actúan como reguladores hídricos. Sin embargo, el proyecto de modificación, que obtuvo dictamen favorable en comisiones del Senado a fines de 2025, propone un enfoque más laxo: las provincias decidirían qué glaciares proteger, priorizando aquellos con impacto hídrico «relevante», mientras se habilita la exploración en periglaciares sin esa función. Críticos como Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, lo tildan de «fraude de etiquetas», argumentando que viola el artículo 41 de la Constitución Nacional, que obliga al Estado a establecer presupuestos mínimos de protección ambiental. «Modificar la ley es alterar directamente las fuentes de agua», sentencia Viale, eco de voces como las de Greenpeace Argentina, que movilizaron acciones en el Congreso para frenar el avance.
Los peligros para los glaciares argentinos no son abstractos. El cambio climático acelera su retroceso: un estudio del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) revela que el país perdió casi el 42% de su superficie glaciar en las últimas tres décadas, con un deshielo alarmante que amenaza la disponibilidad de agua dulce. A esto se suma la presión minera. Decenas de proyectos extractivos, especialmente de cobre, oro y litio, acechan la Cordillera, donde el «boom» minero impulsado por el gobierno de Javier Milei busca atraer inversiones extranjeras. En provincias como San Juan y Catamarca, el lobby minero presiona por reformas que eliminen «obstáculos» como la actual ley, pero expertos alertan sobre riesgos como contaminación por químicos, alteración de cuencas hídricas y mayor vulnerabilidad a sequías extremas. «El aumento de temperaturas en la Patagonia y Cuyo acelera el retroceso, poniendo en riesgo reservas vitales», advierte un informe de Greenpeace.
En la provincia de Chubut, este drama se materializa en glaciares como el Torrecillas y el Esperanza Norte, joyas patagónicas que encarnan la fragilidad del sistema. El Glaciar Torrecillas, enclavado en el Parque Nacional Los Alerces, es un coloso cubierto que ha retrocedido más de un kilómetro en las últimas décadas, según datos del IANIGLA. Sus cuencas, ricas en flora y fauna endémica, enfrentan amenazas directas: crecidas del Arroyo Torrecillas por deshielos abruptos han llevado a suspender excursiones turísticas, como ocurrió en diciembre de 2024, cuando Parques Nacionales citó riesgos por informes técnicos. «Es un viaje en el tiempo que revela el impacto del calentamiento global», describen guías locales, mientras el glaciar pierde masa, afectando el equilibrio hídrico de ríos que alimentan comunidades originarias.
A pocos kilómetros, el Glaciar Esperanza Norte, el más extenso de Chubut con unos 6 km de longitud, se extiende en el Parque Provincial Río Turbio, terminando en un lago proglacial a 800 metros sobre el nivel del mar. Considerado un «gigante» provincial, ha perdido cerca del 15% de su superficie en los últimos 20 años, víctima del cambio climático y potenciales presiones humanas. Si la modificación de la ley prospera, proyectos mineros podrían avanzar en sus entornos periglaciares, contaminando aguas y alterando ecosistemas que regulan el clima local. «Los glaciares de Chubut no solo son reservas de agua, sino pilares de biodiversidad», enfatiza Lucas Ruiz, doctor en Ciencias Geológicas, quien advierte sobre la escasez hídrica inminente.
El debate de febrero 2026 no es solo legislativo; es un pulso entre desarrollo económico y sostenibilidad. El oficialismo argumenta por «reglas claras» y federalismo, permitiendo a provincias como Chubut evaluar proyectos con evidencia científica. Pero opositores, desde Unión por la Patria hasta ONGs, lo ven como un «regalo» a corporaciones mineras, ignorando compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú. Figuras como Natalia Oreiro y activistas de Jóvenes por el Clima han elevado la voz: «Sin agua, no hay Navidad feliz», clamó Greenpeace en una acción navideña ante el Congreso.
Mientras el sol derrite los bordes de estos hielos eternos, Argentina enfrenta una disyuntiva: ¿protegerá sus glaciares como bienes comunes, o los sacrificará en el altar del progreso extractivo? En Chubut, el Torrecillas y el Esperanza Norte esperan, mudos testigos de un futuro incierto. El Congreso tiene la palabra, pero la naturaleza, el veredicto final.
