El Gobierno argentino ha establecido un aumento de hasta el 120% en el precio mayorista de la electricidad, lo cual afectará el costo final de los usuarios residenciales de mayores ingresos. Esta medida se implementa a través de la Resolución 7/2024 de la Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial.
El objetivo del Gobierno con esta decisión es reducir los aportes del Tesoro Nacional al servicio eléctrico. Sin embargo, el impacto se limitará únicamente a los usuarios residenciales del Nivel 1, que renunciaron o no solicitaron subsidios, representando aproximadamente un tercio de los hogares.
Además, se mantendrá congelado el precio de las tarifas para los hogares de Nivel 2 (ingresos bajos) y Nivel 3 (ingresos medios) durante tres meses, hasta que se implemente un nuevo sistema de subsidios que considere la capacidad de pago de cada consumidor.
En los fundamentos de la Resolución, el Gobierno actual acusó al Gobierno anterior de no transparentar los costos reales del suministro eléctrico, lo que generó problemas en el crecimiento y funcionamiento del sistema. También se mencionó que el 60% de la energía eléctrica producida en el país, que no está comprometida en contratos de abastecimiento, es subsidiada.
