Las provincias mineras argentinas enfrentan un desafío político y reglamentario mientras buscan atraer inversiones internacionales. Esta semana, gobernadores de provincias mineras viajaron a Nueva York con el objetivo de “vender” las oportunidades de desarrollo de este sector en sus territorios ante grandes compañías, utilizando como argumentos tanto las aptitudes geológicas como la reciente media sanción del Congreso sobre la modificación de la Ley de Glaciares.
Este intento de seducción al capital extranjero coincide, sin embargo, con la emergencia de obstáculos internos: el avance de la reforma se ve comprometido por la masiva participación ciudadana registrada en las audiencias públicas.
De acuerdo con datos del oficialismo y la oposición, ya se inscribieron 18.000 personas y asociaciones para participar de las audiencias públicas en la Cámara de Diputados. Bajo el esquema actual de exposiciones —cinco minutos por participante— se requerirían aproximadamente seis meses para completar el proceso.
Durante el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Asuntos Constitucionales, presididas por José Peluc y Nicolás Mayoraz de La Libertad Avanza, se definió la convocatoria a dos jornadas de audiencias públicas los días 25 y 26 de marzo, de 10 a 19 horas. El formato prevé el primer día de exposiciones presenciales en la Sala A del Anexo “C” de la Cámara baja y el segundo día, intervenciones remotas para cumplir con el carácter federal del debate.
Aunque falta información de la cantidad de personas inscriptas, aseguran que sigue aumentando y desde los bloques de la oposición presentaron un pedido de ampliación de las jornadas.
El proyecto de ley propone modificar el objeto protegido por la norma vigente, limitando la protección solo a los glaciares y geoformas periglaciales que funcionen como reservas estratégicas de recursos hídricos o sean fuentes de recarga de cuencas. De este modo, la nueva redacción reduce el alcance respecto de la ley original, que protegía de manera general todos los glaciares y ambientes periglaciales.
De ser aprobada la reforma, las provincias obtendrían mayor autonomía para identificar qué áreas cumplen funciones hídricas relevantes sobre la base de estudios técnico-científicos propios, lo que les permitiría definir qué territorios resultan efectivamente protegidos por la ley.
Aunque se mantiene la prohibición de actividades que alteren el estado natural de glaciares y ambientes periglaciales —incluidos proyectos mineros, hidrocarburíferos, industrias y liberación de contaminantes—, la reforma establece un cambio en el criterio. Se reemplaza el sistema de prohibiciones absolutas por un enfoque fundado en impactos ambientales comprobables y evidencia técnica sobre el valor hídrico de cada área. Como consecuencia, las actividades productivas no se encontrarían automáticamente vedadas, sino sujetas a un análisis caso por caso.
Fuente: Infobae