Un grave escándalo de corrupción ha estallado en Argentina, involucrando al gobierno del presidente Javier Milei en un presunto esquema de pagos ilícitos relacionados con la compra de medicamentos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La controversia, que señala a Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia, y a Eduardo “Lule” Menem, asesor cercano y primo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ha desatado indignación generalizada y ha captado la atención internacional.

Audios filtrados revelan presunto esquema de sobornos

El escándalo salió a la luz tras la filtración de grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS, amigo personal y exabogado del presidente Milei. Difundidas por la plataforma de streaming Carnaval y reportadas por La Política Online, las grabaciones exponen un supuesto sistema sofisticado de sobornos que involucra a la distribuidora farmacéutica Suizo Argentina S.A., propiedad de la familia Kovalivker. Según los audios, los proveedores eran obligados a pagar una comisión del 8% sobre los contratos, de los cuales un 3% habría sido canalizado a Karina Milei, con sumas adicionales destinadas a Lule Menem y otros implicados. Se estima que el esquema generaba entre 500,000 y 800,000 dólares mensuales, y un audio afirma que una figura clave vinculada a la familia Menem obtenía ganancias superiores a los 500,000 dólares al mes.

En las grabaciones, Spagnuolo habría expresado su frustración por el esquema, asegurando que advirtió al presidente Milei sobre las actividades ilícitas. “Hablé con el presidente. Tengo todos los WhatsApps de Karina. Le dije: ‘No te hagas el desentendido conmigo. No me cargues con esto’”, se le escucha decir. Los audios también sugieren que Lule Menem intentó colocar a personas de confianza en cargos clave de ANDIS para facilitar la operación, aunque Spagnuolo asegura que bloqueó algunas de estas designaciones.

Repercusiones judiciales y políticas

Las revelaciones desencadenaron una rápida respuesta judicial. El 20 de agosto de 2025, el abogado Gregorio Dalbón, conocido por representar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, presentó una denuncia penal contra Javier Milei, Karina Milei, Lule Menem, Spagnuolo y Eduardo Kovalivker, dueño de Suizo Argentina. La denuncia, ahora bajo investigación del juez Sebastián Casanello, acusa delitos como cohecho, administración fraudulenta, asociación ilícita y violaciones a la ley de ética pública. Dalbón ha solicitado allanamientos a ANDIS, la Secretaría General de la Presidencia y Suizo Argentina, así como una auditoría financiera de la empresa por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF).

En respuesta, el gobierno de Milei actuó con celeridad para contener el daño. El 21 de agosto de 2025, Spagnuolo y Daniel María Garbellini, director nacional de Acceso a Servicios de Salud de ANDIS, fueron destituidos de sus cargos. Además, el gobierno anunció la intervención de ANDIS, designando a Alejandro Alberto Vilches, médico con experiencia en gestión sanitaria, para realizar una auditoría exhaustiva de la agencia. El vocero presidencial, Manuel Adorni, calificó las destituciones como una medida preventiva, describiendo el escándalo como un “ataque oportunista” de la oposición en un año electoral.

El escándalo también ha reavivado tensiones internas en el partido gobernante, Libertad Avanza. Fuentes cercanas al gobierno sugieren una “guerra fría” entre Lule Menem y el asesor presidencial Santiago Caputo, y algunos especulan que las filtraciones podrían provenir de rivalidades internas. Esta pugna ha complicado los esfuerzos del gobierno por proyectar unidad.

Repercusiones políticas en Argentina

El momento del escándalo no podría ser más inoportuno para el gobierno de Milei, que ha enfrentado críticas por sus medidas de austeridad y recortes a programas de discapacidad. El 21 de agosto de 2025, la Cámara de Diputados votó para anular el veto de Milei a una ley que declara la emergencia en servicios de discapacidad, una medida que representa solo el 0.03% del PBI, pero que tiene un peso simbólico significativo. Diputados opositores, como Leandro Santoro y Esteban Paulón, aprovecharon el escándalo para exigir responsabilidades, con Santoro acusando al gobierno de hipocresía dado su discurso anticorrupción. “Dijeron que venían a terminar con la corrupción, pero ahora deben responder por estos audios”, afirmó en una sesión parlamentaria cargada de tensión.

La oposición también ha resaltado el costo humano de la presunta corrupción, señalando que ANDIS, encargada de brindar servicios esenciales a la población con discapacidad, ha sufrido recortes presupuestarios severos, con más de 300 empleados despedidos y 1.5 millones de beneficiarios afectados. Las acusaciones de desvío de fondos han avivado la indignación pública, especialmente entre los grupos de defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

Repercusiones internacionales

El escándalo ha trascendido las fronteras de Argentina, atrayendo la atención de medios y organizaciones internacionales. Publicaciones como La Nueva España y 20 Minutos de España informaron sobre las acusaciones, destacando el rol de Karina Milei, conocida como “El Jefe”, y el potencial daño a la reputación de Argentina como socio democrático estable. La agencia de noticias EFE señaló que las acusaciones debilitan la imagen de Milei como reformador que combate a la “casta” política argentina.

Organismos internacionales anticorrupción, como Transparencia Internacional, han expresado preocupación por las acusaciones y han pedido una investigación transparente para restablecer la confianza pública. El escándalo también ha generado dudas sobre la gobernanza en Argentina bajo Milei, especialmente en un momento en que el país busca renegociar su deuda de 44,000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Analistas advierten que pruebas de corrupción sistémica podrían complicar estas negociaciones, ya que los prestamistas internacionales priorizan la gobernanza y la rendición de cuentas.

En América Latina, el escándalo ha evocado comparaciones con casos de corrupción previos que involucraron a familias políticas prominentes, como el caso Odebrecht. Medios de Chile y Perú han mencionado la controversia en debates sobre la integridad política regional, mientras que algunos analistas sugieren que podría fortalecer a los movimientos de oposición en la región para desafiar a gobiernos populistas.

Un gobierno bajo presión

Las acusaciones han ensombrecido la presidencia de Milei, caracterizada por reformas económicas audaces y un discurso combativo contra el establishment político argentino. La implicación de Karina Milei, figura central en el gobierno, y de Lule Menem, operador político clave, amenaza con erosionar la confianza pública en la plataforma anticorrupción de Milei. Escándalos previos, como la controversia de la criptomoneda $Libra y la mala gestión de alimentos por parte del Ministerio de Capital Humano, ya habían dañado la credibilidad del gobierno, y este nuevo episodio podría ser aún más perjudicial.

Mientras la investigación judicial avanza, todas las miradas están puestas en el juez Casanello y en las pruebas que puedan surgir de los allanamientos y auditorías solicitados. Por ahora, el gobierno de Milei enfrenta una prueba crucial de su capacidad para manejar una crisis que golpea el corazón de su legitimidad moral y política.