La acusación formal contra Vanesa Elizabeth Fita por una presunta estafa vinculada con viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en Comodoro Rivadavia comenzó a tener repercusión en medios nacionales de alcance masivo. Mientras el caso avanza en el ámbito judicial, su hermano, el diputado provincial y presidente del Partido Justicialista (PJ) de Chubut, Gustavo Fita, se encuentra de vacaciones en Europa, según pudo saber RTN.
Medios como Clarín, Infobae y La Política Online publicaron información sobre la causa, que involucra a cinco mujeres y comprende 594 presuntos hechos. La difusión nacional amplió el alcance de un caso que RTN ya había dado a conocer y que ahora vuelve a instalarse en la agenda pública por el avance de la acusación fiscal.
La situación tiene una dimensión política por el vínculo familiar entre la principal acusada y Gustavo Fita, quien además de ocupar una banca en la Legislatura provincial preside el PJ chubutense.
Fotografía: Martín Levicoy
Mientras la Fiscalía impulsa la causa hacia una instancia de juicio, Fita permanece fuera del país. Su ausencia de la escena pública en medio de la repercusión del caso plantea un contraste entre la atención que genera la investigación y el silencio del dirigente durante estos días.
La investigación busca determinar las responsabilidades de las cinco mujeres acusadas por las presuntas maniobras con viviendas del IPV. La acusación formal representa un avance en el proceso, pero la responsabilidad penal de las imputadas deberá ser establecida por la Justicia.
En marzo de 2025, cuando la investigación ya había tomado estado público, a Gustavo Fita no le quedó otra que referirse directamente a la situación judicial afirmando el vínculo con la mujer: «es mi hermana».
El vínculo familiar había adquirido relevancia desde las primeras denuncias, ya que, según testimonios publicados durante la investigación, la relación de Vanesa con su hermano y sus supuestos contactos políticos formaban parte del contexto en el que algunas personas habrían confiado en las promesas de acceso a viviendas.
Cómo habría funcionado la presunta maniobra
Según la hipótesis fiscal, entre abril de 2023 y febrero de 2024, Vanesa Fita habría simulado ser intermediaria y organizadora de una cooperativa de viviendas. La acusación sostiene que ofrecía la posibilidad de acceder a casas construidas o próximas a construirse y afirmaba contar con contactos con funcionarios públicos, pese a que no tenía autorización vigente ni recursos suficientes para concretar las adjudicaciones.
De acuerdo con el fiscal Cárcamo, los interesados debían entregar inicialmente $100.000 y luego efectuar otros pagos que se presentaban como cuotas destinadas al IPV. Posteriormente, eran incorporados a grupos de WhatsApp y recibían comunicaciones y participaban de reuniones que, según la Fiscalía, sostenían la expectativa de obtener una vivienda.
Para respaldar la acusación, los investigadores reunieron 80 denuncias de presuntos damnificados, comprobantes de pagos, conversaciones digitales y registros de encuentros. También analizaron alrededor de 700 gigabytes de documentación, incluidos movimientos bancarios, información extraída de teléfonos secuestrados y datos fiscales.
Las otras cuatro mujeres acusadas y los próximos pasos
Además de Vanesa Fita, la acusación alcanza a Lucía Lorena Miranda, Gisela Belén Mancilla, María Victoria Curán y Camila Páez. La Fiscalía atribuye a Fita al menos 594 hechos de estafa por calidad simulada e influencia mentida, en concurso real, como presunta autora.
A Miranda le atribuye 130 hechos; a Mancilla, al menos cuatro; a Páez, 300; y a Curán, 400. Para las cuatro, sostiene una presunta participación necesaria en las maniobras investigadas.
Tras la presentación de la acusación, las defensas podrán responder al planteo fiscal y luego se designará al juez que intervendrá en la audiencia intermedia, previa a un eventual juicio por jurados.
Por el momento, las cinco imputadas continúan en libertad. La acusación constituye un avance procesal, pero la responsabilidad penal de cada una deberá determinarse en las siguientes etapas judiciales.