El diputado nacional chubutense Gustavo Menna calificó de “inaceptable” a la respuesta que el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, dio a la razón por la cual el Gobierno no cumplió con la reducción del impuesto a los créditos y débitos bancarios prevista en la ley que el propio oficialismo aprobó el año pasado para compensar las pérdidas del sector del turismo por la pandemia.
Menna planteó la pregunta a Cafiero en el contexto del informe que dio el funcionario nacional a la Cámara de Diputados, ayer jueves. “El Ministerio de Economía informa que atento a la existencia de aspectos contenidos en la ley que se encuentran pendientes de reglamentación, no es posible brindar la información solicitada”, fue la respuesta del jefe de Gabinete.
La consulta refirió a que la llamada “Ley de Sostenimiento y Reactivación de la Actividad Turística”, aprobada el año pasado, dispuso que el Poder Ejecutivo debía implementar para el turismo una reducción de las alícuotas del impuesto a los débitos y créditos bancarios hasta el día 31 de diciembre de 2021.
Ante ello, Menna preguntó el motivo por el cual “habiendo transcurrido meses desde la entrada en vigencia de la ley (27.563) no se cumplió con la reducción de las alícuotas”, y por cuál mecanismo “se reembolsará o compensará a los prestadores turísticos el impuesto cobrado en más como consecuencia del incumplimiento” de la norma.
Ley del oficialismo
“Con la insuficiente e inaceptable respuesta que nos dio Cafiero queda claro que el Estado Nacional no ha estado nunca a la altura de una crisis tan profunda que generó que el turismo, una de las principales industrias del país, tuviera una caída sin precedentes”, dijo Menna.
El legislador enfatizó que “resulta aún más inadmisible la respuesta por el hecho de que es una ley que fue elaborada y aprobada por el propio oficialismo. Fueron los legisladores que responden al Gobierno los que propusieron una ley que, ya desde su formulación, se veía insuficiente para compensar al turismo”.
Emergencia
Menna había impulsado junto al mendocino Alfredo Cornejo un proyecto de Ley de Emergencia Turística que contaba con el apoyo de las principales cámaras del sector en el país.
La norma, presentada a mediados del año pasado, preveía no solo la eximición del mismo impuesto al cheque sino, entre otros puntos, la del anticipo de Ganancias 2020; el diferimiento, por un año, de vencimientos, como los saldos mensuales del IVA; la suspensión de medidas cautelares; y la invitación a provincias y municipios para que dispongan medidas similares en impuestos locales.
Sin embargo, el oficialismo bloqueó la aprobación de esta emergencia y logró el aval a la ley que ahora tiene pendiente su reglamentación plena.
Según datos del INDEC, durante todo 2020 el turismo receptivo (extranjeros que llegan al país) tuvo una brutal caída del 77,3%, mientras que el turismo emisivo (argentinos que viajan al exterior) cayó 77,1%.
En consonancia, la Federación Hotelera Empresaria Gastronómica (Fehgra) difundió hace pocas semanas un informe que consignó que el año pasado cerraron en todo el país 8.000 establecimientos turísticos, mientras que en lo que va de 2021 lo hicieron 11.800. En total, se perdieron 175.000 puestos de empleo.
En noviembre de 2020, Menna ya había presentado en el Congreso un pedido de informes al Gobierno Nacional ante la demora del Ejecutivo en implementar la reducción del impuesto a los débitos y créditos.
Allí había planteado que “pese a tratarse de un sector desplegado en todo el territorio nacional, ser uno de los principales complejos exportadores del país y emplear a casi un millón de personas, el Gobierno ha negado sistemática y empecinadamente dar tratamiento a los proyectos de ley de emergencia por los cuales se contemplaban exenciones y diferimientos impositivos, y asistencias estatales para miles de prestadores que están sosteniendo con esfuerzo otros miles de puestos de trabajo, en muchos casos sin llevar adelante ninguna operación”.
Allí recordó que “el oficialismo solo estuvo dispuesto a dar aprobación a una herramienta legal como la ley 27.563, que más allá de la pretensiosa y pomposa denominación de ‘Ley de Sostenimiento y Reactivación de la Actividad Turística’, en realidad ha demostrado carecer de eficacia para impedir el sostenido cierre de establecimientos turísticos”.
El artículo 12 de la norma aprobada ordenó al Poder Ejecutivo reducir el impuesto al cheque, pese a lo cual la reglamentación “omitió dar cumplimiento a ese mandato legal”, agregó Menna.
“Pese a la gravedad de la crisis que atraviesa el sector turístico, los prestadores siguen pagando las alícuotas plenas del impuesto a los créditos y débitos bancarios, en una demostración cabal de que han sido librados a su suerte sin que el Gobierno tenga planificado auxilio alguno”, añadió.
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