Tras el fallo histórico que revirtió la sentencia en primera instancia contra la Argentina por la expropiación de YPF, el presidente Javier Milei anunció que el Gobierno envió al Congreso de la Nación un proyecto para modificar la actual ley de expropiaciones, que endurece las condiciones para nacionalizar un bien.
Al referirse al caso de la petrolera en cadena nacional, Milei planteó que una resolución adversa del juicio le hubiera costado al país 18.000 millones de dólares y “tener que pagarlos habría representado un enorme obstáculo en el camino de nuestra recuperación económica”.
Bajo la perspectiva presidencial, la Argentina en su conjunto pagó un “precio inconmensurable” por la estatización de la compañía en 2012, a la que calificó como una “irresponsabilidad, en términos de riesgo país, tasa de interés y menor crecimiento económico”.
“Independientemente de la pericia legal de nuestro equipo, hay una verdad irrefutable: expropiar está mal, porque robar está mal. Y quebrar este principio nos costó, aproximadamente, 12 años de falta de inversiones por culpa del juicio en curso. Es decir, menos empresas menos trabajo más pobreza y más indigencia”, agregó.
Siguiendo esa línea argumental, el mandatario comunicó el envío de un proyecto para modificar la ley de expropiaciones “para que la arrogancia de la política no nos vuelva a costar otra década perdida y para que nunca más la propiedad privada pueda ser puesta en tela de juicio en nuestro país”.
Y sumó: “También quisiera aclarar algo, para que no haya lugar a confusiones: el hecho de que nosotros estemos arreglando el desastre que nos dejaron, no significa bajo ningún punto de vista que tal desastre no existiera y todo lo sabemos muy bien. La virtud de nuestros equipos no nos puede hacer olvidar la impericia del pasado, porque si eso ocurre, estaremos condenados a repetir los mismos errores”.
La iniciativa apunta a reforzar la protección de la propiedad privada para incentivar la llegada de capitales y favorecer la expansión de la economía. Para ello, la propuesta oficial restringe las expropiaciones a situaciones “estrictamente excepcionales” y establece compensaciones más altas para los damnificados.
Fuente: Infobae
