En una entrevista reciente en LN+, el presidente Javier Milei respondió a las preguntas de Luis Majul sobre las fallas de gestión de su gobierno con una frase que rápidamente generó polémica: “Pudimos hacer cosas que ni los gobiernos militares lograron hacer”.
La declaración, pronunciada en tono defensivo mientras el mandatario buscaba destacar logros en materia de reformas estructurales, desató inmediatamente reacciones. Para muchos, equiparar —aunque sea en términos de “eficacia”— su administración con las dictaduras militares del pasado representó un ejercicio riesgoso de memoria histórica. Porque los “gobiernos militares” a los que aludió Milei, especialmente el último y más sangriento, el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), no solo “hicieron cosas”. Desmantelaron sistemáticamente el orden democrático y pisotearon derechos civiles fundamentales.
El golpe que borró la democracia
El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas, con amplio apoyo de sectores civiles, empresarios y parte de la Iglesia, derrocaron al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Ese mismo día se disolvió el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales y los concejos municipales. Se suspendió la actividad de los partidos políticos y se intervino la Justicia. La Junta Militar asumió el poder ejecutivo y legislativo, dictando normas de jerarquía supraconstitucional que dejaban la Constitución Nacional subordinada a sus estatutos.
El “Proceso” se presentó públicamente como una cruzada contra la “subversión”, la corrupción y la demagogia, con el objetivo declarado de “reorganizar” la Nación y ubicarla en el “mundo occidental y cristiano”. En la práctica, significó la instalación de un terrorismo de Estado sistemático y planificado.
Represión, desapariciones y desmantelamiento institucional
Bajo la doctrina de Seguridad Nacional y en coordinación con otros regímenes del Cono Sur a través del Plan Cóndor, las fuerzas de seguridad montaron un aparato clandestino de represión. Miles de personas fueron secuestradas, torturadas en centros clandestinos de detención, asesinadas o desaparecidas. Las estimaciones más aceptadas hablan de alrededor de 30.000 desaparecidos. Se registraron violaciones sistemáticas, apropiación de bebés nacidos en cautiverio (más de 500 casos documentados) y exilios forzados.
Los valores democráticos fueron atacados de raíz:
Libertad de expresión y prensa: Se impuso una severa censura. Medios fueron clausurados, periodistas detenidos o desaparecidos. La autocensura se volvió regla.
Derechos sindicales y políticos: Se disolvieron o ilegalizaron centenares de organizaciones. Los sindicatos fueron intervenidos y sus dirigentes perseguidos.
Estado de derecho: Se suspendieron garantías constitucionales. La Justicia pasó a estar subordinada o directamente reemplazada por tribunales militares. Las desapariciones forzadas eran negadas oficialmente mientras se practicaban de manera masiva.
Vida civil: Se buscó disciplinar a la sociedad entera mediante el terror. El miedo se convirtió en herramienta de control social.
Económicamente, el régimen implementó políticas que combinaron liberalización selectiva con fuerte intervención estatal en otros aspectos, generando endeudamiento externo récord y crisis que luego heredaría la democracia. Pero su principal “logro” —como lo definieron sus propios ideólogos— fue la destrucción de la movilización popular y la izquierda mediante la violencia.
Comparación y contexto
Cuando Milei afirma haber hecho “cosas que ni los gobiernos militares lograron”, se refiere presumiblemente a reformas como la ley de modernización laboral, eliminación de inocencia fiscal o avances en desregulación que su gobierno impulsó. Sin embargo, la comparación resulta profundamente problemática para gran parte de la sociedad argentina, que construyó su identidad democrática precisamente sobre la memoria del horror de los años 70 y 80.
La democracia recuperada en 1983, con la asunción de Raúl Alfonsín, significó la restauración de las instituciones, el juicio a las Juntas (Juicio a las Juntas de 1985) y la consolidación —con altibajos— de un sistema que, pese a sus defectos, respeta alternancia, división de poderes, libertad de prensa y derechos humanos básicos.
Las palabras del Presidente, más allá de la intención, reabren heridas. En un país que aún busca a sus desaparecidos y que cada 24 de marzo recuerda el Nunca Más, equiparar la “eficiencia” de un gobierno elegido con la de regímenes que gobernaron mediante el terror obliga a recordar qué significaron realmente aquellos años: no solo un intento fallido de “orden”, sino la negación más brutal de la democracia y la dignidad humana.
La crónica de estos días muestra que la memoria no es solo pasado. Sigue siendo un límite ético y político para cualquier gestión que aspire a representar a todos los argentinos.