La reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, conocida como Ley de Modernización Laboral N° 27.802, representa un hito en la agenda económica liberal del gobierno. Tras un intenso debate en el Congreso, el proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados y luego sancionado por el Senado el 27 de febrero de 2026, con 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones. El Poder Ejecutivo, a cargo de Milei, promulgó la ley mediante el Decreto 137/2026, y su entrada en vigencia se confirmó esta madrugada del 6 de marzo de 2026, con la publicación en el Boletín Oficial. Aunque algunos aspectos, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), requieren reglamentaciones adicionales y podrían implementarse a partir de junio de 2026 (con posible prórroga de hasta seis meses), la mayoría de los cambios rigen de inmediato para el sector privado, afectando directamente a millones de trabajadores asalariados.
Esta reforma, que modifica más de 200 artículos de la legislación laboral vigente desde 1974, busca «dinamizar» el mercado de empleo formal, estancado hace una década, mediante mayor flexibilidad para los empleadores. Sin embargo, implica significativas pérdidas de derechos laborales para los trabajadores, priorizando la reducción de costos empresariales sobre las protecciones históricas. A continuación, los principales puntos que impactan a los empleados:
Extensión de la jornada laboral: Uno de los cambios más controvertidos es la habilitación para extender la jornada diaria de 8 a 12 horas, sin pago de horas extras, siempre que exista un acuerdo voluntario entre el trabajador y el empleador (o por convenio colectivo). Esto elimina la obligación de compensación adicional por sobretiempo en estos casos, exponiendo a los empleados a mayor agotamiento físico y mental, y reduciendo el equilibrio entre vida laboral y personal. Anteriormente, las horas extras requerían pago adicional del 50% o 100% según el día, un derecho que ahora se pierde en estos acuerdos.
Modificaciones en indemnizaciones por despido: La compensación por despido sin causa se calcula sobre el mejor salario mensual del último año, pero se introduce un tope de tres veces el salario promedio del convenio colectivo, excluyendo antigüedad. Además, se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado por contribuciones patronales del 3%, que puede sustituir las indemnizaciones tradicionales. Esto reduce potencialmente el monto real recibido por los trabajadores despedidos, especialmente en sectores con salarios variables, y elimina protecciones contra despidos arbitrarios al facilitar fondos alternativos para los empleadores.
Restricciones al derecho a huelga y asambleas: Se limita severamente el ejercicio de la huelga en servicios esenciales (salud, energía, transporte) y «trascendentales» (educación, industria), exigiendo coberturas mínimas del 75% en esenciales y 50% en otros, con notificación previa de 5 días. Las asambleas requieren autorización del empleador y no se pagan durante su duración. Infracciones como bloqueos o daños se sancionan con multas o revocación de personería gremial, lo que debilita la capacidad de los sindicatos para negociar mejoras salariales o condiciones, erosionando un derecho constitucional clave para la defensa colectiva de los trabajadores.
Extensión del período de prueba y exclusiones: El período de prueba se alarga hasta 8 meses en contratos agrarios y 6 meses en domésticos, permitiendo despidos sin causa ni indemnización durante ese tiempo. Además, se excluyen categorías como trabajadores de plataformas digitales (clasificados como independientes), subcontratados y eventuales, reduciendo su acceso a protecciones laborales como estabilidad, aportes jubilatorios y responsabilidad solidaria de las empresas principales. Esto precariza el empleo, facilitando contrataciones temporales sin derechos plenos.
Otros recortes en protecciones: Se permiten cambios unilaterales del empleador en modalidades de trabajo (sin alterar «esenciales»), se derogan capítulos sobre suspensiones laborales, y se priorizan convenios individuales o de empresa sobre los colectivos, suspendiendo la «ultraactividad» de cláusulas favorables si generan «distorsiones económicas». También se reducen vacaciones fraccionadas (mínimo 7 días por segmento) y se limita la tutela sindical a representantes titulares, exponiendo a delegados a represalias.
En resumen, esta reforma representa una pérdida neta de derechos para los trabajadores, al priorizar la «formalización» y atracción de inversiones mediante menor regulación, pero a costa de mayor precariedad, jornadas extenuantes y debilitamiento sindical. Los sectores críticos, argumentan que retrocede conquistas históricas, mientras el gobierno la defiende como necesaria para combatir el desempleo y la informalidad. Su impacto real se verá en los próximos meses, pero ya genera tensiones sociales en un contexto de ajuste económico.
