Por: Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina
A lo largo de los últimos años, el debate público intentó presentar una falsa disyuntiva: derechos humanos o estabilidad económica. Sin embargo, los datos relevados en octubre de 2025 en nuestro estudio nacional de percepción ciudadana muestran un escenario más complejo de cara a 2026. Aun en un contexto de fuerte confrontación discursiva desde el Poder Ejecutivo contra lo que identifica como “progresismo” o “cultura woke”, la agenda de derechos no desapareció. Por el contrario, se reconfiguró.
La sociedad ya no habla de derechos humanos en términos abstractos. Los traduce a experiencias concretas: la mesa familiar, el acceso a medicamentos, la escuela que funciona, la jubilación que alcanza. Este desplazamiento no implica un retroceso conceptual, sino una reformulación: los derechos se evalúan por su capacidad de garantizar condiciones materiales mínimas de existencia. Y en ese punto emerge con claridad un actor insoslayable: el Estado.
El discurso de reducción estatal, que tuvo rédito electoral, encuentra hoy un límite en la tolerancia social frente al deterioro de prestaciones consideradas esenciales. Ante el dilema entre recortar para estabilizar o sostener prestaciones aun con tensiones macroeconómicas, el 65% opta por mantener la presencia estatal. El mensaje es nítido: la disciplina fiscal no puede traducirse en desprotección.
Ese límite adquiere un carácter particularmente fuerte cuando se trata de personas mayores. Aunque existe apoyo a reglas más estrictas de acceso al sistema previsional —60% respalda que la jubilación quede circunscripta a quienes realizaron aportes—, el consenso se quiebra cuando el ajuste impacta en la protección básica: 69% rechaza eliminar medicamentos gratuitos y 70% se opone a reducir la cobertura del PAMI. La sociedad distingue entre ordenar y abandonar. Los adultos mayores se configuran como frontera moral del ajuste.
En la priorización de derechos para el presente del país, educación (17%) y salud (14%) encabezan las menciones, seguidas por jubilación digna (13%), alimentación (7%) y vivienda (6%). Las libertades civiles clásicas aparecen en niveles menores, aunque la libertad de expresión —en un contexto de tensión con la prensa y deslegitimación del disenso— se mantiene dentro de las preocupaciones relevantes.
Este reordenamiento no crea jerarquías permanentes entre derechos, pero evidencia una premisa estructural: sin garantías materiales básicas, el resto se debilita. Las movilizaciones en defensa de la universidad pública o del Hospital Garrahan muestran que la ciudadanía asocia derechos humanos con servicios concretos y accesibles.
En materia de diversidad, los datos reflejan tensiones. La Ley de Identidad de Género conserva un respaldo mayoritario (50%), aunque lejos de consensos pasados. Más de la mitad de la población percibe que las personas LGBT+ están expuestas a discriminación y violencia. No obstante, surgen dudas respecto del financiamiento de tratamientos de salud: 43% considera que deberían cubrirse de manera privada, frente a un 33% que sostiene que el Estado debe garantizar cobertura integral. Aparece así una tensión entre reconocimiento normativo y sostenibilidad presupuestaria.
De cara a 2026, el desafío para el sistema político y para las organizaciones de derechos humanos es doble. Por un lado, sostener consensos básicos que impidan que el ajuste erosione el núcleo de dignidad que estructura la convivencia democrática. Por otro, diseñar políticas públicas viables que no enfrenten la protección de derechos con la estabilidad económica como si fueran dimensiones incompatibles.
La encuesta no revela apatía, sino exigencia. La sociedad demanda un Estado presente, con reglas claras y eficiencia. Reclama protección social con sostenibilidad. Reconoce derechos, pero exige implementación concreta.
El horizonte que se abre hacia 2026 obliga a repensar el contrato social. Ordenar las cuentas públicas no puede significar abdicar de la responsabilidad estatal de garantizar un piso mínimo de derechos. La dignidad humana no es una variable de ajuste: es el límite democrático que define hasta dónde puede avanzar cualquier programa económico.
