Opinión: «Apropiación de rentas en lugar de generación de riqueza» Por Jorge Sánchez
Entre otras acciones que la región sigue con atención, se ha fijado un precio interno del barril de petróleo. Barril criollo, en la jerga. Valor artificial establecido siguiendo criterios de política en la materia, esta vez invocando los efectos de la crisis sanitaria. Intereses diferentes entre productores, refinadores y gobiernos provinciales fueron zanjados favoreciendo el de estos últimos antes que el de los contribuyentes y consumidores. Aún cuando artificial, se argumentó que el valor establecido asegura un nivel admisible de regalías petroleras para las contraídas finanzas públicas a la vez que contribuiría a alguna medida de preservación del empleo en las provincias productoras.
No se trata de una práctica novedosa. La Ley de Hidrocarburos de la Provincia del Chubut (2012) estableció un Bono de Compensación de los Hidrocarburos para el Desarrollo Sustentable asociado a las regalías petroleras. Se distribuye entre los municipios en los que opera la actividad. Combina una distribución directa siguiendo criterios demográficos con el régimen de coparticipación provincial propiamente dicho. Entretanto, los contratos de concesión vigentes prevén la transferencia de fondos a los gremios encuadrados en la actividad. De ese modo, cada instrumento provee un beneficio para grupos y áreas geográficas sobre los intereses del conjunto con menos capacidad de organización y presión.
Los recursos distribuidos por el fondo de compensación de la Ley de Hidrocarburos entretanto, tienen por destino enunciado las obras de infraestructura y la diversificación productiva. Las obras públicas han sido destino excluyente de su ejecución, incluso cuando existe legislación municipal orientada a la promoción y financiación de nuevos proyectos empresarios. No es casual. Mientras las obras sirven a la publicidad oficial cuando comienzan, pueden contribuir al éxito electoral si se inauguran. Todo ello en principio al menos, en el corto plazo de una gestión provincial ó municipal.
La diversificación y la consolidación de nuevos proyectos empresarios en cambio, son percibidas como una abstracción que compromete tiempos inciertos difícilmente capitalizables electoralmente. Esto, aún cuando la diversificación económica esté consignada como objetivo explícito de política en las propias cartas orgánicas municipales. Consultados los órganos de control sobre esta divergencia, la refieren como ignorancia del legislador.
Siguiendo estos patrones parece difícil que se operen cambios estructurales en la organización de la actividad productiva cuando se trata de una de las circunstancias a las que nos enfrenta la crisis sanitaria. Atestigua más bien cómo se redistribuyeron habitualmente recursos mediante prácticas que institucionalizadas, configuran una orientación distante de la creación de riqueza y cercana a la apropiación de rentas.
La irrupción de los contractivos efectos que comenzamos a sufrir sobre la economía y la sociedad, prometen una fricción social que podría erosionar el modelo de construcción de poder en el sistema político regional. Una eventual ruptura prestaría la oportunidad por reorientar las instituciones con mejores incentivos a la generación de riqueza. Proceso que es convergente con el de la economía nacional, supeditada habitualmente a enormes problemas de expectativas devenidas en desequilibrios macroeconómicos.
