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Opinión: «Las políticas de etiquetado frontal como herramienta de salud pública». Por Enrique Pérez-Gutiérrez

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Por Enrique Pérez-Gutiérrez, representante interino de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en la Argentina.

La obesidad, la presión arterial alta y la glucosa sanguínea elevada son los principales factores de riesgo derivados de la mala alimentación, que producen unas 140.000 muertes cada año en Argentina.

Esto se debe, en gran parte, a la ingesta excesiva de nutrientes críticos como azúcares, grasas y sodio que se encuentran en productos comestibles y bebidas, procesados y ultraprocesados, y que no pueden ser identificados por las personas al decidir consumirlos.

Por consiguiente, gran parte de la respuesta efectiva para la prevención de estas problemáticas consiste en la aplicación de leyes y regulaciones que informen adecuadamente sobre los productos que contienen cantidades excesivas de nutrientes críticos que afectan la salud.

El propósito de las advertencias en el frente del envase es informar a los consumidores de una manera rápida, correcta y sencilla si el producto tiene una cantidad excesiva de azúcares, grasas o sodio. No prohíbe a las personas comprar los productos, solo les ayuda a tomar una decisión fundamentada.

El Modelo de Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) es el instrumento desarrollado a pedido de los países de la región para poder establecer qué productos deben ser alcanzados por las regulaciones y llevar la advertencia sanitaria.

Señala umbrales para identificar el contenido excesivo de los nutrientes críticos en los productos procesados y ultraprocesados, y se basa en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre las metas de ingesta de nutrientes para proteger a las personas de los principales factores de riesgo que perjudican su salud.

En este sentido, es importante señalar que este modelo no se aplica a los productos frescos, naturales o mínimamente procesados como frutas, verduras, carnes, legumbres, leche, granos, ni tampoco a los ingredientes para cocinar como lo son el aceite, la sal de mesa o el azúcar.

En línea con lo anterior, las «Guías alimentarias para la población argentina» recomiendan consumir alimentos naturales, frescos y variados, y limitar el consumo de bebidas azucaradas y productos envasados con altas cantidades de sodio, azúcares y grasas. El perfil de nutrientes de la OPS no hace más que acompañar y ayudar a cumplir estas recomendaciones.

En relación con la economía, el empleo y el comercio internacional, la evidencia muestra que las etiquetas frontales con advertencias sanitarias no tienen una repercusión negativa. Por el contrario, esta medida ofrece una oportunidad para que muchas empresas reformulen sus productos, desarrollen y amplíen la oferta de alimentos recomendados como parte de una alimentación saludable.

En la región, Argentina cuenta con uno de los niveles más altos de obesidad en la infancia y la adolescencia, con una pendiente de crecimiento que alienta a hacer todos los esfuerzos posibles por detenerla; de lo contrario, las consecuencias para el futuro serán mayores.

Toda la población se beneficiaría del sistema de etiquetado de advertencias, pero, sin lugar a duda, la protección de la población infantil es lo que requiere actuar con premura. Las consecuencias de su mala alimentación tendrán efectos futuros directos en la salud, la calidad de vida, la economía y el desarrollo.

En el contexto del tratamiento legislativo de la ley de Promoción de la Alimentación Saludable, que ya cuenta con media sanción del Senado, es importante señalar que el etiquetado frontal con advertencias sanitarias en forma de octágono, basado en el perfil de nutrientes de la OPS, es el mejor sistema probado para cumplir con el propósito de salud pública.

Más aún, el proyecto de ley también suma otras medidas complementarias, como son la regulación de la publicidad dirigida a la infancia o la protección de los entornos alimentarios escolares.

Todas estas son parte de las principales políticas aprobadas por los países miembros de la OPS/OMS en 2015 en «El Plan de acción para la prevención de la obesidad en la infancia y adolescencia».

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