Opinión: «Nuestra idea de la política» por Jorge Sánchez
Cuando en el entusiasmo militante fantaseamos con un hospital municipal para oponer a las falencias de los de otras jurisdicciones ó cuando pensando en la economía local imaginamos un banco público nuevo que promueva la actividad mejor que la banca actual, estamos desplegando un supuesto habitual para entender la actividad política. Generalmente entendemos que trata fundamentalmente de cómo redistribuir recursos públicos haciendo a alguna organización estatal proveedora de mejoras o reformas. Asumimos que exclusivamente al estado corresponde este rol proveedor.
Se trata de símbolos. Construcciones que concebimos de manera colectiva y mediante las que entendemos lo que nos rodea, nos ubicamos en relación a los demás e incluso nos dicta cómo hacer las cosas que nos proponemos. No se trata de ideas deliberadas puestas en práctica por alguien en particular. Son el producto de cómo las personas interactúan, se coordinan o dirimen diferencias en procesos colectivos que en el tiempo se convierten en referencias que todos finalmente compartimos.
Puede que las enormes contradicciones que hemos atravesado colectivamente hayan abonado una serie de símbolos comunes a todos y de manera más o menos consciente. En tal caso conviene identificarlos e incluso revisarlos de cara al futuro. Uno importante es este. La política consiste en consumar mediante la aplicación de recursos públicos reformas distributivas. De enormes implicancias que exceden estas líneas, nos centraremos solamente en su generalidad.
La segunda mitad del siglo XX estuvo signado por la idea de que el estado es responsable por el desarrollo económico. Sintéticamente, se trató de un modelo explicativo de la economía aceptado de manera generalizada en el mundo y de una serie de prescripciones de política que bajo ciertos supuestos asegurarían el empleo, la estabilidad, el crecimiento y con ellos el bienestar de las personas. Pero su connotación en cada lugar tuvo impactos diferentes. En nuestro caso, la conjunción de iniciativas reformadoras e instituciones inestables resultó en efectos contradictorios que en el largo plazo hicieron del estado y su intervención en la vida social y económica, demanda de todos los sectores impactados por los efectos de la inestabilidad sobre el crecimiento.
El proveedor de mejoras y reformas por excelencia es para todos el estado. La actividad política, el medio para controlarlo y redistribuir recursos públicos con algún criterio. De ahí que su intervención goce de cierta legitimación social sobre la actividad privada y consideremos justificables sus intervenciones aun con los riesgos morales que ello apareja como discutimos antes. En nuestra simbología el estado establece esos criterios, provee, dirime y emplea. Solo de manera subalterna en estos códigos, está asociado a asegurar las funciones sociales de creación de nuevas actividades y empleo por la iniciativa privada operando en mercados competitivos.
