El exoficial naval reside en Estados Unidos desde 1973, cuando fue enviado a ese país como agregado naval por el Gobierno de facto de Alejandro Lanusse, en un intento de darle protección frente a las acusaciones que pesaban sobre su persona.
El exoficial naval Roberto Guillermo Bravo deberá responder por primera vez ante un tribunal por sus responsabilidades en relación a la Masacre de Trelew en un juicio civil que comienza este lunes en una Corte de Florida, en Estados Unidos, y que es impulsado por los familiares de militantes que hace 50 años fueron fusilados en una base de la Armada.
El 22 de agosto de 1972, 19 presos políticos y militantes de las organizaciones armadas de ERP, FAR y Montoneros, que días antes habían intentado fugarse del penal de Rawson, en Chubut, fueron baleados por efectivos de la Armada en la base aeronaval Almirante Zar, de Trelew.
Dieciséis de ellos murieron en lo que para la Marina se trató de un intento de fuga que debieron repeler a balazos contra detenidos desarmados.
María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar lograron sobrevivir a esta masacre y dieron sus testimonios antes de ser desaparecidos durante la última dictadura militar.
El camino para iniciar justicia por partes de los familiares se inició en 2009, cuando lograron que la «Masacre de Trelew» se investigara como delito de lesa humanidad.
El juicio oral y público por la causa de la «Masacre de Trelew» se llevó a cabo en mayo de 2012 y estuvo a cargo del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia.
Los acusados fueron los exmarinos Luis María Sosa, Emilio Del Real, Carlos Marandino, Rubén Norberto Paccagnini y Jorge Bautista.
Los primeros tres fueron hallados culpables y los restantes absueltos en primera instancia, aunque luego se revocó esa sentencia y se ordenó un nuevo juicio que nunca se concretó porque fallecieron, ya entrados en años, en medio del largo proceso judicial.
De todos, el único que en la actualidad cumple condena es el excabo primero Carlos Marandino, quien fue hallado culpable de haber participado del fusilamiento que se realizó hace casi 50 años en las celdas de la guarnición militar adonde fueron llevados los presos políticos que habían logrado fugarse, una semana antes, de la cárcel de Rawson.
En cuanto al entonces teniente Bravo, los testimonios de sus propios camaradas lo ubican en el lugar de los hechos, con una participación activa y «vaciando el cargador» frente a los detenidos indefensos que buscaban refugio en sus celdas cuando comenzó la balacera.
Bravo reside en Estados Unidos desde 1973, cuando fue enviado a ese país como agregado naval por el Gobierno de facto de Alejandro Lanusse, en un intento de darle protección frente a las acusaciones que pesaban sobre su persona.
En 2010, el exmarino logró que la Justicia de Estados Unidos rechazara un pedido de extradición formulado por los tribunales argentinos.
En 2014, al producirse una condena en primera instancia sobre la causa, las autoridades argentinas volvieron a reclamar la comparecencia de Bravo.
A fines de 2019, el exmilitar fue detenido por orden de la Corte del Distrito Sur de Florida y para poder esperar en libertad la resolución del caso depositó una fianza de cinco millones de dólares, según fuentes de las querellas.
El 9 de marzo de 2020 se realizó una audiencia en la Corte de la Florida y el fiscal Jason Wu se pronunció en favor de la extradición de Bravo, al entender que «Estados Unidos no puede ser refugio de asesinos en masa».
La decisión está en manos del juez Edwin Torres, quien no tiene plazos legales para expedirse sobre la cuestión y desde entonces los familiares aguardan que Bravo sea enviado a Argentina para dar cuenta de los crímenes de los que se lo acusa.
Mientras aguardan una resolución sobre la extradición, familiares de cuatro víctimas (Eduardo Cappello, Rubén Bonet y Ana María Villareal de Santucho y Alberto Camps) decidieron iniciar una demanda civil contra Bravo en otra corte del distrito sur de Florida.
La presentación se basa en la ley de protección de víctimas de tortura (TVPA) que rige enEstados Unidos y es impulsada por abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Center for Justice Accountability (CJA), un organismo de derechos humanos de la nación norteamericana.
Y en el caso de ser encontrado culpable de los hechos que se le imputan, Bravo deberá presentar una reparación económica a los demandantes.
No obstante, la expectativa no está puesta en el monto del resarcimiento, sino en determinar la responsabilidad de Bravo en la masacre, según indicaron a esta agencia fuentes allegadas a esta causa.
“Este juicio es un paso más en el camino de lograr justicia. Queremos mantener viva nuestra demanda y lograr que este proceso contribuya a acelerar la decisión sobre la extradición de Bravo a Argentina”, señaló a Télam Ilda Bonardi, esposa de Huberto Adrián Toschi, víctima de los fusilamientos de Trelew.
Fuente: Télam
