La oposición del Senado firmó dictamen para avanzar con cambios a la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia, aunque el bloque peronista lo hizo en disidencia y dejó abierta una jugada política propia.
En la Comisión de Asuntos Constitucionales, la senadora Florencia López señaló que el PJ acompañó con disidencia para habilitar la inclusión de la versión votada en Diputados, donde se incorporó un artículo que fija que un DNU pierde vigencia si no es aprobado en 90 días. Esa cláusula fue aprobada en la Cámara baja con 127 votos, sin alcanzar mayoría absoluta.
La maniobra, atribuida al jefe del interbloque peronista José Mayans, busca asegurar algún avance antes del recambio legislativo posterior a la derrota electoral de la oposición frente a La Libertad Avanza.
Desde el kirchnerismo señalaron que su prioridad es que la oposición pueda anular un DNU con el rechazo de una sola cámara, en lugar del esquema actual que exige mayoría en ambas.
El resto de los bloques opositores, incluidos radicales y dialoguistas, plantearon sostener el dictamen original aprobado previamente en el Senado. Si la Cámara alta insiste con esa versión y vuelve a reunir dos tercios, el proyecto se convertiría en ley.
La reforma apunta a limitar los DNU, una herramienta fortalecida durante el kirchnerismo. El texto prevé que los decretos tengan tres meses de vigencia inicial. En ese plazo, el Ejecutivo debería conseguir aprobación en ambas cámaras. Si una de ellas rechaza, el DNU cae y el Gobierno no podría emitir otro sobre la misma materia hasta el año parlamentario siguiente. Además, se establece que un decreto no podrá abarcar más de un tema, en respuesta a antecedentes como el DNU 70/2023.
