El Gobierno nacional ha ordenado que el 75% de las empresas de medicina prepaga reduzcan el precio de sus cuotas, ya que deberán recalcular los aumentos que aplicaron desde diciembre utilizando como base el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Al mismo tiempo, la Superintendencia de Salud ha presentado una medida cautelar ante la Justicia para solicitar la devolución de dinero a los usuarios.
Según anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa, por disposición del Ministerio de Economía, un grupo de empresas de medicina prepaga, que representan aproximadamente el 75% de los afiliados, deberá retrotraer el valor de las cuotas a diciembre de 2023 y ajustarlas a partir de ese momento utilizando el IPC como máximo para los próximos 6 meses.
La medida se tomó en respuesta a una denuncia por presunta cartelización en el sector. Los incrementos exorbitantes que las compañías habían aplicado desde diciembre del año pasado, muy por encima de la inflación general, generaron una fuerte polémica y golpe a la clase media.
Las empresas de medicina prepaga se vieron sorprendidas por la medida y aseguraron que no participaron en ninguna negociación con el Gobierno. Actualmente, están analizando las opciones que podrían tomar. Desde el Ejecutivo, advirtieron que aunque las compañías pueden apelar, la resolución ya está en vigencia y su aplicación no se detendrá ante una presentación de ese tipo.
La medida fue dispuesta por la Secretaría de Industria y Comercio a instancias de la Comisión Nacional de Defensa del Consumidor, que determinó indicios de un acuerdo colusivo entre las principales empresas de medicina prepaga del país, según la información oficial.
