El Gobierno de Chubut promulgó este viernes la ley que restringe el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos de comunicación personal en las escuelas de gestión pública y privada de toda la provincia. La medida quedó oficializada mediante el Decreto Nº 807, firmado por el gobernador Ignacio Torres, y ahora comenzará el proceso administrativo para su implementación.
Con la entrada en vigencia de la Ley VIII Nº 159, el Poder Ejecutivo dispone de un plazo de 30 días corridos para reglamentar la norma. Una vez publicada esa reglamentación, deberán transcurrir otros 30 días para que las restricciones comiencen a aplicarse de manera efectiva en los establecimientos educativos.
La nueva legislación establece diferentes criterios según el nivel educativo. En las escuelas primarias, los estudiantes no podrán utilizar teléfonos celulares durante toda la jornada escolar, salvo que exista una autorización expresa del docente para desarrollar actividades pedagógicas específicas.
En el nivel secundario y sus distintas modalidades, el uso de dispositivos móviles estará permitido únicamente con fines educativos, siempre que la actividad haya sido previamente planificada y cuente con la autorización del profesor.
La norma también alcanza al personal docente y auxiliar. En las escuelas primarias, los teléfonos solo podrán utilizarse para tareas pedagógicas previamente organizadas, cuestiones institucionales, gestiones administrativas o situaciones de emergencia. El mismo criterio regirá en el nivel inicial, donde los dispositivos estarán habilitados para resolver emergencias, realizar tareas administrativas o efectuar el seguimiento pedagógico de los alumnos.
La ley contempla excepciones para aquellos estudiantes que, por motivos de salud o por necesidades específicas de aprendizaje debidamente acreditadas, requieran utilizar dispositivos tecnológicos como herramienta de apoyo, comunicación o integración durante la jornada escolar.
El Ministerio de Educación fue designado como autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la elaboración de las normas complementarias para implementar la medida. Además, será el organismo responsable de establecer el régimen de sanciones administrativas ante posibles incumplimientos en los establecimientos educativos de la provincia.