El Gobierno nacional anunció una reforma integral del Código Penal que será enviada al Congreso en los próximos días. La iniciativa endurece penas para delitos graves como homicidio, robo, narcotráfico, trata de personas, pornografía infantil y corrupción, además de introducir cambios para los siniestros viales vinculados a la conducción imprudente.
Durante la presentación, la ahora ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, acompañada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, afirmó que la reforma busca terminar con la impunidad. “El que la hace, la paga”, dijo, al destacar que el nuevo esquema eleva los mínimos de condena y establece que el 82% de los delitos tendrá prisión efectiva.
Según explicó el Ministerio de Justicia, hoy las penas menores a tres años no se cumplen. Con la actualización del Código, los mínimos aumentan y se evita que los responsables recuperen la libertad de inmediato.
Uno de los puntos centrales es la imprescriptibilidad del abuso sexual y el homicidio agravado, delitos cuyo castigo —según el Gobierno— no debe depender del paso del tiempo. También se establece que la prisión perpetua será de por vida en los casos de homicidio agravado.
La propuesta agrava además las penas por corrupción. Bullrich insistió en que “si un funcionario las hace, las va a pagar fuerte”, al remarcar la responsabilidad que implica administrar fondos públicos.
Entre los cambios detallados, se eleva la pena máxima del homicidio simple de 25 a 30 años y se redefinen los agravantes del homicidio calificado. El proyecto incorpora además nuevas figuras delictivas, actualiza normas con más de un siglo de vigencia y reduce la edad de imputabilidad.
La reforma también suma la ley antimafias y la ley antibarras al cuerpo central del Código Penal. Y establece que la portación ilegal de armas será un delito no excarcelable.
Un capítulo especial está dedicado a los delitos contra la propiedad. Bullrich remarcó que los robos y hurtos dejarán de ser considerados hechos menores y recibirán sanciones más severas. Entre ellos, se destaca un punto crítico: el robo de teléfonos celulares, uno de los delitos más frecuentes en el país, que tendrá penas más duras de hasta 12 años para desincentivar su crecimiento. También se agravan las condenas contra motochorros y robos masivos de carteras, mochilas y pertenencias personales.
La ex ministra agregó que la iniciativa apunta a terminar con la “puerta giratoria” y brindar mayor respaldo jurídico a las fuerzas de seguridad, ampliando el concepto de legítima defensa cuando actúan en cumplimiento del deber.
Con esta reforma, el Gobierno busca instalar un modelo que —según sostuvo Bullrich— “defiende a las víctimas y no a los delincuentes”, en medio de un debate profundo sobre seguridad, justicia y responsabilidad penal en la Argentina.
