Casi seis años después de la desaparición de 30 dosis de Sputnik V del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, la causa judicial vuelve a avanzar. El secretario general de Camioneros de Chubut deberá afrontar un juicio oral, en una investigación que expone el acceso irregular a vacunas durante una de las etapas más críticas de la emergencia sanitaria.
La causa por el presunto desvío de vacunas contra el COVID-19 en Comodoro Rivadavia vuelve a poner bajo la lupa al Sindicato de Camioneros de Chubut y a su conducción. La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la situación de una enfermera reactivó la atención sobre un expediente que también involucra a Jorge Taboada, máximo referente del gremio provincial.
El caso se remonta a enero de 2021, cuando se detectó la desaparición de 30 dosis de la vacuna Sputnik V del Hospital Regional. En aquel momento, las vacunas eran un recurso escaso y la campaña de inmunización establecía prioridades para proteger, entre otros grupos, al personal de salud que trabajaba en la primera línea contra el coronavirus.
Fotografía: Martín Levicoy
Según la investigación judicial, las dosis habrían sido sustraídas para aplicarlas a personas vinculadas con Camioneros que no integraban los grupos prioritarios. La gravedad del episodio no radica solamente en el faltante de vacunas, sino también en las circunstancias en las que se produjo: mientras miles de personas aguardaban su turno para acceder a la inmunización, la causa puso en discusión si existió un circuito de acceso privilegiado para determinados beneficiarios.
Taboada y una conducción sindical bajo la lupa
Jorge Taboada, secretario general de Camioneros de Chubut, es uno de los dirigentes alcanzados por el expediente. Su situación judicial tuvo una definición relevante en mayo de 2026, cuando la Corte Suprema rechazó un recurso de su defensa contra la decisión que había revocado la suspensión del juicio a prueba que lo beneficiaba.
Con esa resolución, quedó firme el avance del proceso hacia el juicio oral por los hechos que se le atribuyen. Esto no equivale a una condena, pero implica que el dirigente deberá responder ante la Justicia por su presunta participación en el caso.
Jorge Taboada. Foto Martín Levicoy
La investigación se originó por la sustracción de las 30 dosis del Hospital Regional, que luego fueron aplicadas de manera clandestina a personas vinculadas con Camioneros. Según lo establecido en el expediente, la vacunación se realizó el 29 de enero de 2021 en un consultorio del sindicato que no estaba habilitado como vacunatorio contra el coronavirus. Entre los beneficiarios había personas que no integraban los grupos prioritarios establecidos durante la emergencia sanitaria.
En el marco de la misma causa, Marcos Eugenio Paura, colaborador de la obra social del gremio, fue condenado a dos años y seis meses de prisión en suspenso por cohecho activo. La investigación también registró una transferencia de 30.000 pesos desde una cuenta de la obra social de Camioneros hacia una cuenta de la enfermera Analía Muñoz, quien recibió una condena de tres años de prisión.
Casi seis años de una causa que todavía espera respuestas
Desde que se detectó el faltante a comienzos de 2021, el expediente atravesó distintas instancias judiciales, planteos de las defensas y decisiones que modificaron la situación procesal de los involucrados.
En el caso de Taboada, la defensa había conseguido la suspensión del juicio a prueba, pero la Cámara Federal de Casación Penal revocó ese beneficio en 2025 y ordenó avanzar hacia un debate oral y público. La Corte Suprema rechazó posteriormente el recurso presentado por el dirigente.
La situación de la enfermera Gabriela Vanesa Torres también tuvo sucesivas modificaciones judiciales. La Corte rechazó recientemente sus planteos, lo que dejó firme la revocación de la absolución que había obtenido y habilitó la continuidad del proceso.
El tiempo transcurrido desde los hechos vuelve inevitable otra pregunta: por qué una causa de semejante relevancia pública continúa sin una resolución definitiva para todos sus involucrados. El expediente pasó por diferentes instancias, pero casi seis años después todavía resta que la Justicia determine las responsabilidades individuales.
La novedad judicial vuelve así a colocar a Camioneros en el centro de una controversia que excede el ámbito gremial: la desaparición de vacunas públicas durante la pandemia y la presunta aplicación irregular de dosis a personas vinculadas con el sindicato. El juicio deberá establecer qué ocurrió, quiénes participaron y qué responsabilidad le corresponde a cada acusado.