El conflicto universitario, que se arrastra desde el primer trimestre de 2024, vuelve a escalar. CONADU Histórica ratificó la continuidad de la protesta y convocó a un paro nacional de docentes del 18 al 22 de agosto de 2026. El reclamo es claro: cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795), pago de la deuda salarial —que según los gremios alcanza el 28,5 % al mes de junio— y recuperación del poder adquisitivo de los salarios. El comunicado destaca que la confirmación de la medida cautelar representa “un importante logro de la organización y la movilización”, pero advierte que el Gobierno “continúa incumpliendo la ley”. También llama a construir una nueva Marcha Federal Universitaria junto a estudiantes, no docentes, el sistema científico-tecnológico y la comunidad educativa. El cierre es contundente: “La universidad pública se defiende en las aulas y en las calles. La ley se cumple. (…) la lucha continúa”.
El largo camino de una ley que no se aplica
El conflicto nació con la decisión del gobierno de Javier Milei de prorrogar el presupuesto 2023 en un contexto de alta inflación. Eso generó un recorte real masivo: las transferencias a las universidades nacionales cayeron alrededor del 30 % en 2024 y acumularon una merma superior al 45 % en términos reales entre 2023 y 2026, según los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Los salarios docentes y no docentes perdieron entre un tercio y casi el 40 % de poder adquisitivo.
En 2024 el Congreso aprobó una primera Ley de Financiamiento Universitario. Milei la vetó y Diputados no logró los dos tercios para insistir. En 2025 se sancionó una nueva versión (Ley 27.795). El presidente volvió a vetarla, pero esta vez ambas cámaras insistieron con mayorías especiales. La norma quedó vigente. Establece, entre otras cosas, la actualización de salarios y becas según la inflación acumulada desde diciembre de 2023 (artículos 5 y 6) y un piso de recursos para el funcionamiento del sistema.
El Ejecutivo, sin embargo, dictó el Decreto 759/2025 y suspendió su ejecución “hasta tanto el Congreso determine las fuentes de su financiamiento”. Argumentó que la norma afecta el equilibrio fiscal y el superávit. Fuentes oficiales y el propio subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, sostuvieron que “la ley de financiamiento universitario nació muerta” porque viola el principio presupuestario y que “pueden juntar 100.000, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”.
La Justicia interviene
Ante el incumplimiento, el CIN y decenas de universidades presentaron un amparo. En diciembre de 2025 el juez Martín Cormick dictó una medida cautelar que ordenó el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6. La Cámara Contencioso Administrativo Federal (Sala III) confirmó el fallo en marzo de 2026. El Gobierno presentó recurso extraordinario ante la Corte Suprema. En junio de 2026 el máximo tribunal rechazó el planteo del Ejecutivo y dejó firme la cautelar. En agosto, la Cámara volvió a confirmar su vigencia y desestimó intentos de suspender la ejecución.
La Justicia consideró que el decreto de suspensión es arbitrario e ilegal, que afecta el derecho constitucional a enseñar y aprender, y que el ahorro que busca el Gobierno es “poco significativo” en términos del presupuesto global. El Gobierno, por su parte, sostiene que la cautelar no implica ejecución automática y que debe abrirse un proceso de ejecución de sentencia. En junio firmó un acuerdo parcial con el CIN y algunos gremios (aumento salarial del 24,33 % en dos tramos, refuerzo de gastos de funcionamiento y hospitales universitarios, y suba de becas Manuel Belgrano). Los gremios más combativos, entre ellos CONADU Histórica, consideran que ese acuerdo queda muy por debajo de lo que manda la ley y la cautelar, y que la deuda sigue en el orden del 28,5 %.
Las palabras del Presidente
Milei ha sido explícito en su visión. En octubre de 2024, en medio de las primeras marchas, afirmó: “La universidad pública y el no arancelamiento no se tocan, porque gratuita no es. Alguien la está pagando, y la mayoría de los que pagan no asisten”. Y agregó: “Si las universidades logran el financiamiento que piden, va a haber más pobres en el país”. También insistió en la necesidad de auditar: “El que no quiere ser auditado es un chorro” y “los que no quieren ser auditados son los que tienen algo que ocultar”. En el mismo período planteó que “la Universidad Pública Nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de los ricos y a los de la clase media alta”, una afirmación que fue cuestionada con datos oficiales sobre la composición social del estudiantado.
El Presidente y su equipo han sostenido de manera consistente que el límite es la restricción presupuestaria y el déficit cero, y que cualquier aumento de gasto sin fuente específica pone en riesgo el superávit y el acuerdo con el FMI.
Un conflicto que no cierra
Hoy, casi trescientos días después de la promulgación de la ley, el sistema universitario sigue en tensión. Los gremios denuncian que ni el acuerdo de junio ni los pagos parciales resuelven la deuda acumulada ni aplican la actualización automática que ordena la cautelar. El Gobierno responde que cumple con lo firmado en junio y que la cautelar no se ejecuta de manera automática. La Justicia ha dicho, en varias instancias, que la ley debe cumplirse en sus puntos centrales.
En ese contexto se inscribe el paro del 18 al 22 de agosto y el llamado a una nueva Marcha Federal. La comunidad universitaria insiste en que no se trata solo de un reclamo salarial: es la defensa de la universidad pública, del presupuesto que la sostiene y del principio de que una ley sancionada por el Congreso y ratificada por la Justicia debe cumplirse. El Gobierno, por su parte, mantiene que el equilibrio fiscal es prioritario y que no cederá ante la presión de la calle.
La pelea, como resume el comunicado de CONADU Histórica, continúa. En las aulas y en las calles.