La secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, lanzó una dura crítica contra el gobierno de Javier Milei por el decreto que desmantela la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), advirtiendo sobre la creación de «rutas nacionales de la muerte». Aleñá responsabiliza directamente al presidente Milei y al ministro Federico Sturzenegger por esta decisión, calificándola como una medida ideológica que prioriza la privatización sobre la seguridad vial y el empleo.
El decreto disuelve la DNV, traspasando sus funciones al Ministerio de Economía y a una nueva agencia de control. Según Aleñá, esto dejará a más de 5500 trabajadores en la calle, 118 rutas nacionales sin mantenimiento y más de 40.000 kilómetros de rutas en riesgo. La sindicalista denuncia un desvío de fondos del Impuesto a los Combustibles y la liquidación de bienes de la DNV, acusando al gobierno de negociados con el patrimonio público.
Aleñá refuta las justificaciones del gobierno sobre la supuesta ineficiencia y sobrecarga de personal de la DNV. Destaca que Vialidad realiza tareas esenciales como bacheo, repavimentación y señalización, y que el problema radica en el desfinanciamiento deliberado del organismo. Critica la tercerización de servicios, argumentando que la planificación y el control estatal son irremplazables para garantizar la seguridad vial y la transparencia en las obras públicas.
La líder sindical también alerta sobre la pérdida de soberanía vial, ya que las decisiones sobre rutas y licitaciones pasarán a manos privadas, con el consiguiente riesgo para la seguridad y la conectividad. La eliminación de la DNV, según Aleñá, afectará la economía local y el empleo público en cientos de distritos. Finalmente, realiza un llamado a los gobernadores y fuerzas políticas a oponerse al decreto.
