Solá dijo que hay «sacar» a Gran Bretaña de la «zona de confort» para obligarla a negociar
El canciller Felipe Solá subrayó hoy la convicción del gobierno nacional de hacer de la soberanía sobre las Islas Malvinas «una política de Estado», volvió a criticar la estrategia de «baja intensidad» desarrollada durante la gestión de Mauricio Macri en relación al reclamo soberano y planteó la necesidad de «sacar» al Gran Bretaña de la «zona de confort» y obligarla a sentarse a la mesa de negociación, en cumplimiento a la resolución 2065 de Naciones Unidas.
«La política sobre Malvinas debe tener una continuidad más allá de los gobiernos, deber ser una política de Estado», enfatizó el canciller y planteó que ese «objetivo nacional» debe incluir medidas «que logren algún grado de efectividad en relación a obligar al Reino Unido a sentarse a dialogar y a conversar, tal como dice la histórica resolución 2065 de la ONU».
De esta manera , Solá sintetizó el espíritu de los tres proyectos de ley que el Ejecutivo enviará en los próximos días al Congreso nacional, que tienen el objetivo de reafirmar al reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
El jefe del Palacio San Martín sostuvo que el paquete de iniciativas que busca crear un Consejo Nacional Asesor de Políticas sobre Malvinas, demarcar el límite exterior de la plataforma continental más allá de las 200 millas y elevar las sanciones a quienes practiquen la pesca ilegal en aguas argentinas, contrasta con la «política de baja intensidad» en el reclamo soberano, desplegada durante los cuatro años de gestión de Mauricio Macri
En declaraciones a FM Fuego, de Río Grande, Solá dio detalles de las propuestas que él presentó el miércoles pasado, junto al secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus; y el subsecretario de Pesca, Carlos Liberman,
Destacó que Consejo Nacional Asesor -que estará bajo la órbita presidencial y tendrá una composición de 16 miembros, junto a dirigentes de la oposición, juristas, académicos y representantes de la provincia de Tierra del Fuego y de excombatientes- permitirá un «diálogo fructífero» para trazar políticas de Estado a mediano y largo plazo en relación a Malvinas.
El canciller opinó que «desde el punto de vista práctico, de los tres proyectos que presentamos el más importante es el que refiere a la actividad pesquera ilegal» que -puntualizó- permite «actualizar las multas a los pesqueros furtivos que podamos capturar pescando dentro de la milla 200 para adentro».
Luego se refirió al proyecto que busca la demarcación del nuevo límite exterior de la plataforma continental argentina, más allá de las 200 millas, elaborado por la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), presentado por la Argentina en 2009 y adoptado en marzo de 2016 y marzo de 2017 por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) en Naciones Unidas.
«El Congreso argentino va a tratar lo que ha establecido Naciones Unidas en 2016, en la Comisión de Límites de la Plataforma Continental y ratificada por esta Convención, que dijo que esta es la Plataforma Continental Argentina. Somos los dueños del lecho y del subsuelo. De la columna de agua, del lecho y del subsuelo».
Fue en ese marco que el canciller formuló su crítica al gobierno anterior y lo que calificó de «política de baja intensidad respecto a Malvinas deliberadamente».
Al respecto, recordó que por «acuerdo Foradori-Duncan», firmado en 2016, la Argentina se vio obligada a «entregarle información a Inglaterra sobre la evolución de la biomasa pesquera y toda información capturada por el Instituto Nacional de investigación y Desarrollo Pesquero», algo que la administración de Alberto Fernández desactivó de inmediato.
«Ya suspendimos todo intercambio científico. Porque es uno de los temas soberanos, no podemos entregar datos estratégicos a quien usurpa», señaló Solá.
El canciller destacó además que «hay que sacar a Inglaterra de lo que llamamos zona de confort» y, en ese sentido, recordó el pedido que le realizó «especialmente al canciller de la Unión Europea» pero también a los ministros de Relaciones Exteriores de Francia y España para que «Malvinas no figure dentro de las negociaciones que se hagan entre la UE y el Reino Unido», como consecuencia de la retirada de ese país del bloque europeo.
