En la audiencia de revisión de la prisión preventiva por el homicidio del menor Lautaro Labbe, ocurrido el pasado 18 de abril de 2023, se llevó a cabo en el juzgado penal del barrio Roca. Los cuatro imputados, miembros de la fuerza policial, fueron sometidos a revisión de las medidas de coerción. El representante de la fiscalía solicitó que se mantuvieran las medidas dictadas en la audiencia de apertura: prisión preventiva para Simón Cruz y libertad con presentaciones quincenales para Raúl Colque, Lautaro Valenzuela y Roberto Ortiz. La querella respaldó esta solicitud. Los defensores no se opusieron inicialmente.
El representante de la fiscalía argumentó que existen elementos de convicción que sustentan la autoría y coautoría de los cuatro imputados. Se mencionó la existencia de un acta policial falsa, creada para encubrir lo sucedido y que se imputa a Cruz haber disparado desde atrás a la víctima desarmada, causándole la muerte. La autopsia confirmó que el disparo fue efectuado desde atrás y desde abajo hacia arriba, dejando a la víctima indefensa. Además, persisten los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.
La querella respaldó los argumentos presentados por la fiscalía y solicitó el mantenimiento de la prisión preventiva para Cruz y medidas sustitutivas para los demás imputados.
Los defensores de Colque y Valenzuela no se opusieron a las medidas sustitutivas, pero solicitaron una frecuencia de presentaciones mensuales en lugar de quincenales, debido al buen cumplimiento demostrado por sus defendidos. El defensor de Ortiz también respaldó esta solicitud.
Finalmente, el juez penal resolvió mantener la prisión preventiva de Cruz por 15 días y estableció presentaciones mensuales y prohibición de contacto con testigos y familiares de la víctima para los otros tres imputados durante tres meses. La decisión se basó en los fundamentos presentados por la fiscalía y en la existencia de los peligros procesales mencionados. Se aclaró que la defensa de Cruz consintió la medida y presentará un Informe Socio-ambiental para solicitar una posible morigeración, como el arresto domiciliario.
La audiencia estuvo presidida por el juez penal Miguel Caviglia, el representante del Ministerio Público Fiscal fue Ariel Corredera y la querella fue ejecutada por Luciana Risso, abogada adjunta de la Defensa Pública. Las defensas estuvieron a cargo de Vanesa Vera para Colque y Valenzuela, Guillermo Iglesias para Ortiz, y Daniel Fuentes, quien no estuvo presente pero consintió la medida para Cruz. La madre de la víctima también estuvo presente en la revisión
