Una planilla interna del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) confirma que la droguería Suizo Argentina S.A. alcanzó una facturación acumulada de $3.324.192.314,78 al 30 de septiembre de 2025, posicionándose entre los principales proveedores del sistema sanitario militar. El dato emerge en un contexto en el que la causa federal por presuntas coimas en la compra de medicamentos avanza con 25 allanamientos simultáneos y un fallo del juez Sebastián Casanello que rechazó el intento de la familia Kovalivker de anular pruebas.
La cifra aparece en un archivo interno, donde figura el CUIT 30-51696843-1 correspondiente a la empresa Suizo Argentina, con un flujo sostenido de pagos durante todo el año. Lejos de representar un contrato puntual, el monto refleja una relación comercial constante con el IOSFA, en un escenario donde los plazos de cobro son tan determinantes como los precios de los medicamentos.
Un préstamo millonario y una caja que se reacomoda
El panorama financiero del IOSFA suma complejidad. En enero, el organismo tomó un mutuo por $40.000 millones del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), con una tasa nominal anual del 52,05% y un costo financiero total del 66,48%, a 34 cuotas bajo sistema francés. En términos simples, se trata de una deuda grande, cara y prolongada, en un esquema que depende de liquidez inmediata para sostener pagos a prestadores y droguerías.
En ese marco, los registros muestran un salto de caja en octubre, con un “Ingresos–Pagado” de $32.824.742.384,81, que permitió equilibrar los números de manera abrupta. Sin mayor detalle sobre los cobros efectivizados o los pagos diferidos, el movimiento luce más como una reingeniería contable que como una mejora de gestión real.
Dependencia cruzada bajo el ala del Ministerio de Defensa
El IOSFA, como ente autárquico, opera bajo la órbita del Ministerio de Defensa, al igual que el IAF, su prestamista. La relación administrativa entre ambos organismos se da bajo la supervisión política de Luis Petri, mientras la nueva conducción del IOSFA —a cargo de Betina Surballe desde el 11 de junio de 2025— busca ordenar una estructura que combina presión judicial, auditorías internas y observación parlamentaria.
La trama judicial suma capítulos. El 9 de octubre, el juez Casanello ordenó 25 allanamientos en el marco de la causa ANDIS, en búsqueda de teléfonos, contratos y cajas de seguridad vinculadas al expediente. Días antes, había desestimado el pedido de nulidad de la defensa de los Kovalivker por supuesta ilegalidad en audios filtrados. El caso, que comenzó con el denominado “expediente Spagnuolo”, dejó de ser un ruido electoral para transformarse en una investigación estructural sobre el circuito de compras públicas.
El Congreso toma nota
En el plano legislativo, diputados nacionales impulsan proyectos de resolución para exigir al Ejecutivo la publicación detallada de todos los contratos entre IOSFA y Suizo Argentina, con montos, mecanismos y expedientes. Lo que hasta ahora solo puede reconstruirse con documentación interna pasaría así al escrutinio público.
La concentración de compras en una sola droguería, sumada a la deuda y los movimientos financieros de último momento, reaviva interrogantes sobre los procesos de licitación, la competencia real y la transparencia en los precios. Mientras tanto, el impacto se siente en la base del sistema: prestadores que frenan servicios, farmacias que retrasan entregas y afiliados que enfrentan demoras.
