La Legislatura de Tierra del Fuego aprobó el pasado lunes la modificación de la Ley Provincial 1355, una norma que desde 2021 prohibía la salmonicultura industrial en mares y lagos de la provincia para resguardar ecosistemas considerados únicos a nivel mundial. La decisión fue interpretada por organizaciones ambientales como un grave retroceso en materia de protección ambiental.
La reforma habilita nuevamente el desarrollo de salmoneras industriales, un modelo productivo cuestionado por sus impactos negativos en países como Noruega y Chile, donde se registraron problemas vinculados al uso intensivo de antibióticos, la proliferación de parásitos y la degradación de la biodiversidad marina.
La ley original había sido resultado de un amplio consenso social e institucional, alcanzado tras años de movilización ciudadana y debates técnicos. Sin embargo, con el aval del oficialismo provincial y legisladores aliados a La Libertad Avanza, el texto fue modificado pese al rechazo expreso del Consejo Provincial de Medio Ambiente y de especialistas que advirtieron sobre un “retroceso normativo” en la política ambiental fueguina.
Entre quienes votaron a favor de la reforma figuran legisladores del bloque oficialista, como Mónica Acosta y Federico Greve, en una sesión que estuvo atravesada por fuertes cuestionamientos. Desde distintos sectores denunciaron irregularidades e ilegalidades en el procedimiento legislativo, que ahora deberán ser aclaradas.
Las críticas también apuntaron al gobernador Gustavo Melella, a quien responsabilizan por impulsar una iniciativa que, según advierten, prioriza intereses económicos —muchos de ellos vinculados a capitales extranjeros— por sobre la preservación del ambiente y la voluntad popular expresada en 2021.
Organizaciones ambientales calificaron la jornada como “un día negro para la Patagonia” y alertaron que la reapertura a la salmonicultura implica riesgos de contaminación irreversible, a cambio de promesas de empleo consideradas precarias y de corto plazo. Mientras tanto, anticiparon que continuarán las acciones institucionales y sociales para revertir la decisión.
