Trabajadores de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, mantienen presente en la memoria la votación que se llevó adelante en el Congreso de la Nación, momentos en que la actual diputada Ana Clara Romero, decidió no acompañar la Ley de Financiamiento Universitario.
La Ley de Financiamiento Universitario tiene como uno de sus objetivos principales garantizar las condiciones laborales y salariales para el personal docente y no docente.
Las mejoras específicas que busca implementar incluyen:
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Recomposición salarial: El proyecto de ley busca recuperar el poder adquisitivo de los salarios, tomando como base la inflación acumulada.
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Actualización mensual: Propone que la actualización salarial sea mensual y esté ligada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, para evitar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación.
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Plena implementación de convenios colectivos: La ley busca asegurar que se cumplan los convenios colectivos de trabajo que rigen las condiciones laborales del sector universitario.
A esto, Ana Clara Romero, decidió no acompañar. Por ello los trabajadores no olvidan. En este sentido emitieron un duro comunicado con la actual candidata que busca repetir su cargo en el Congreso, de la mano del gobernador Ignacio Torres.
En este documento publicado afirma «señora diputada: (…)La universidad pública constituye un pilar esencial de la democracia, la equidad y el desarrollo de nuestro país. No es solamente un espacio de formación académica: es también motor de movilidad social, de inclusión, de construcción de ciudadanía y de producción de conocimiento científico y tecnológico al servicio de la sociedad».
De este modo, «su abstención, en los hechos, implica la falta de acompañamiento a un sistema que garantiza que la educación superior sea un derecho y no un privilegio. Una universidad sin presupuesto suficiente ve seriamente comprometida su capacidad de sostener carreras, mantener infraestructura, garantizar becas estudiantiles y desarrollar extensión, investigación e innovación que aporten al crecimiento nacional y regional».
Por esta causa «como trabajadores y trabajadoras no docentes, quienes día a día sostenemos el funcionamiento de la universidad pública, apelamos a su responsabilidad como representante del pueblo para que en futuras instancias legislativas reconsidere su posición y apoye activamente las políticas que aseguren la continuidad y el fortalecimiento de nuestras instituciones universitarias».
Y finaliza «defender la universidad pública no es defender un interés sectorial: es defender el futuro de las nuevas generaciones y el desarrollo soberano de nuestro país».
