«Según ciertas estimaciones, en Argentina se llevaban a cabo medio millón de abortos ilegales por año, lo que representaba aproximadamente el 40 por ciento del total de embarazos», advirtió el documento.
«El proyecto de ley actual que se encuentra en el Congreso no implica apoyar a un partido político en particular, sino asegurar que los derechos humanos de las mujeres y las niñas, así́ como las obligaciones internacionales de Argentina en materia de derechos humanos, se cumplan», afirmó la nota dirigida dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Felipe Solá.
El documento, firmado por el Grupo de Trabajo, la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, aseguró que la aprobación del proyecto «representaría, para Argentina, un paso considerable hacia el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y sería un modelo para toda la región».
Asimismo, el texto hace referencia a un informe que realizó la Relatora Especial sobre violencia contra las mujeres tras su visita a Argentina en 2016, en el que hace un recorrido de la legislación argentina y los fallos históricos de la Corte Suprema de Justicia que permitieron ir avanzando sobre la implementación de protocolos ante abortos no punibles.
A la vez, remarcó que la Relatora «recibió informes de mujeres que tras abortar y solicitar ayuda en un hospital público habían sido denunciadas a la policía y posteriormente procesadas penalmente».
Las relatoras y funcionarios que integran el Grupo consideraron que «es en un contexto de creciente fundamentalismo y reacciones adversas contra los derechos humanos de las mujeres, que se está dando el discurso actual sobre la interrupción del embarazo a nivel nacional, regional e internacional».
«El derecho de una mujer o niña a tomar decisiones autónomas sobre su propio cuerpo y sus funciones reproductivas se encuentran en el centro mismo de su derecho fundamental a la igualdad y a la privacidad, con respecto a cuestiones íntimas de integridad física y psicológica», afirmó la carta y remarcó que «los países donde las mujeres tienen derecho a la interrupción del embarazo y se les proporciona acceso a la información y a todos los métodos anticonceptivos tienen las tasas más bajas de interrupción del embarazo».
«La decisión de continuar o interrumpir un embarazo es fundamental y principalmente decisión de la mujer ya que puede determinar toda su vida personal y familiar futura», apuntó el documento.
