El ministro de Seguridad de Chubut criticó la decisión de revocar la prisión preventiva de Luis Damián Uribe, quien estaba detenido desde hacía cuatro meses por una causa por portación de arma de fuego. También cuestionó el accionar de la Fiscalía y los tiempos de la investigación.
“Lo recibo con muchísima bronca”. Con esa frase, el ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, expresó su rechazo a la decisión judicial que permitió que Luis Damián Uribe continúe en libertad el proceso en su contra por una causa vinculada a la portación de un arma de fuego.
En diálogo con Buen Día Comodoro, de ADNSUR, Iturrioz cuestionó la resolución de los jueces Carlos Richeri y José Luis Ennis, quienes revocaron la prisión preventiva que había sido dispuesta inicialmente por el juez Soñiz. A partir de la decisión, Uribe deberá presentarse quincenalmente mientras continúa el proceso.
El funcionario sostuvo que la medida genera, a su criterio, una mayor preocupación en materia de seguridad. Recordó además que, al momento de su detención, Uribe llevaba un arma cargada y en condiciones inmediatas de utilización.
Iturrioz también cuestionó el tiempo que demandó la investigación por la portación del arma. Según explicó, se trataba de una causa por un delito previsto en el artículo 189 bis del Código Penal y, desde su perspectiva, la principal medida pendiente era una pericia para determinar el funcionamiento del arma.
“Uribe estuvo detenido cuatro meses por un delito de sencilla investigación”, afirmó el ministro, quien consideró que una pericia de esas características no debería haber requerido ese período de tiempo.
Críticas a la Fiscalía y a los allanamientos
Durante la entrevista, Iturrioz también dirigió sus cuestionamientos hacia el Ministerio Público Fiscal. Aseguró que desde el área de Seguridad habían realizado una investigación previa sobre Uribe y aportado elementos que, según sostuvo, advertían sobre su comportamiento.
“Nosotros habíamos pedido la detención de Uribe, habíamos hecho una investigación, incluso habíamos arrimado esas fotos donde se lo ve armado y lanzando frases amenazantes, y fue rechazada desde la misma Fiscalía”, afirmó.
El ministro explicó que la Policía funciona como órgano auxiliar y que la conducción de las investigaciones corresponde al Ministerio Público Fiscal. En ese marco, cuestionó que de 36 allanamientos solicitados en una investigación solamente 16 hayan sido autorizados.
Iturrioz vinculó esa situación con otro hecho de violencia ocurrido posteriormente en Comodoro Rivadavia y sostuvo: “Trabajamos en soledad, nos rechazaron la medida de allanamiento y a los 15 días hubo un nuevo homicidio en Comodoro”.
La causa por la muerte de Mariana Calfuquir
El nombre de Uribe ya había adquirido relevancia pública por otra investigación, relacionada con la muerte de su pareja, Mariana Soledad Calfuquir, de 33 años.
El hecho ocurrió el 19 de mayo, cuando ambos llegaron heridos por disparos a la Seccional Séptima de Comodoro Rivadavia. Los policías constataron el fallecimiento de la mujer, mientras que Uribe fue trasladado al Hospital Regional con una herida en el tórax.
A partir de ese episodio, los investigadores analizaron distintas hipótesis sobre el origen de la balacera. También fueron consideradas publicaciones realizadas por Uribe en redes sociales en las que aparecía exhibiendo armas de fuego.
En aquel momento, Iturrioz había mencionado fotografías en las que aparecían armas calibre .40 y 9 milímetros, algunas con silenciadores, además de una publicación acompañada por la frase “Salgo para la calle”. Dentro del vehículo también se habían encontrado un silenciador de fabricación casera y municiones calibre 9 milímetros y .22.
El ministro había planteado entonces, entre otras posibilidades, que Uribe podría haber respondido a una agresión. Esas declaraciones correspondieron a la investigación por la muerte de Calfuquir y no forman parte de la causa por la que Uribe permaneció detenido durante cuatro meses.
“Tengo que respetar la separación de poderes”
Frente a la decisión judicial, Iturrioz reconoció que desde el Poder Ejecutivo no puede intervenir directamente en una resolución adoptada por otro poder del Estado.
“No, porque sería una injerencia de un poder sobre otro y eso está vedado constitucionalmente. Yo tengo que respetar la separación de poderes”, explicó.
Por ese motivo, sostuvo que su margen de acción consiste en expresar públicamente su desacuerdo y advertir sobre las consecuencias que, según su criterio, pueden tener determinadas decisiones.
En paralelo, volvió a referirse a la situación del sistema carcelario de Chubut. Indicó que la población detenida pasó de aproximadamente 630 a 835 personas y señaló que la provincia atraviesa una crisis penitenciaria que, según afirmó, se arrastra desde hace entre 15 y 20 años.
El funcionario mencionó proyectos para ampliar los espacios de alojamiento mediante el denominado plan Galina, aunque aclaró que la falta de lugar no fue la razón de la liberación de Uribe. “Uribe tenía lugar, no es que lo dejan en libertad por la falta de lugar”, remarcó.