El Tribunal Oral Federal N.º 2 dictó las condenas mediante un juicio abreviado por irregularidades en contratos viales de Santa Cruz. Martín Báez recibió tres años de prisión, pero deberá cumplir una pena unificada de siete años y nueve meses. También se ordenó el decomiso de casi $685.000 millones.
El segundo tramo de la causa Vialidad terminó con seis nuevas condenas por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Entre los sentenciados se encuentra Martín Antonio Báez, hijo del empresario Lázaro Báez, junto a exdirectivos de Austral Construcciones y antiguos funcionarios de Vialidad Nacional.
La resolución fue dictada por el juez Andrés Fabián Basso, del Tribunal Oral Federal N.º 2, luego de homologar un acuerdo de juicio abreviado entre la fiscalía, las defensas y la Unidad de Información Financiera. Los seis acusados reconocieron su responsabilidad en los hechos investigados.
Uno de los puntos centrales del fallo fue la condena a Martín Báez, quien recibió tres años de prisión como partícipe necesario de administración fraudulenta. Sin embargo, al unificarse esa pena con una sentencia anterior por lavado de activos agravado, deberá cumplir un total de siete años y nueve meses de cárcel.
Las condenas para los otros cinco acusados
El ex presidente de Austral Construcciones, Julio Enrique Mendoza, recibió tres años de prisión, que fueron unificados con una condena anterior. Deberá cumplir una pena total de cinco años y nueve meses bajo la modalidad de arresto domiciliario.
Por su parte, Fernando Javier Butti, accionista y apoderado de Austral Construcciones, fue condenado a dos años y seis meses de prisión en suspenso.
Los otros tres sentenciados fueron antiguos funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad: Carlos Joaquín Alonso, Jorge Eduardo Gregorutti y Sergio Hernán Passacantando. Cada uno recibió dos años y ocho meses de prisión en suspenso, además de inhabilitación especial perpetua.
Un decomiso de casi $685.000 millones
Otro aspecto relevante de la resolución fue la orden de decomiso de bienes por un total de $684.990.350.139,86. El monto corresponde a los efectos del delito y deberá actualizarse al momento de su ejecución.
La investigación se centró en presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de obras públicas viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
De acuerdo con la sentencia, la maniobra involucró la participación de funcionarios públicos y empresarios, con un esquema que incluyó el direccionamiento de contrataciones y beneficios para las empresas vinculadas a Lázaro Báez.
En el caso de Martín Báez, el fallo analizó su intervención en el grupo empresario, incluida su participación en licitaciones y contratos de obras públicas.