El Gobierno de Javier Milei vetó en su totalidad el Proyecto de Ley Nº 27.795, que proponía un nuevo esquema de financiamiento para la educación universitaria pública y la recomposición salarial de docentes y no docentes. La medida fue formalizada a través del Decreto 647/2025, publicado este miércoles 10 de septiembre, y representa un fuerte rechazo a la iniciativa sancionada por el Congreso el pasado 21 de agosto.
La decisión del Poder Ejecutivo, que se produce en un contexto de tensión entre el Gobierno y las universidades por recortes presupuestarios, fue confirmada por fuentes oficiales. Según publica Noticias Argentinas, el veto generará una nueva escalada en el conflicto con el sector educativo y con la oposición parlamentaria, que había impulsado la norma.
Los puntos clave del Proyecto de Ley vetado
El Proyecto de Ley de «Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente» Nº 27.795 planteaba medidas claras para consolidar el financiamiento de la Universidad Pública en todo el país.
A su vez determinaba que el Poder Ejecutivo Nacional debía definir partidas presupuestarias destinadas al programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior” para:
- Afianzar el ingreso, la permanencia y la terminalidad del estudiantado.
- Garantizar la formación continua.
- Asegurar las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes.
- Incrementar recursos para tecnología digital.
- Impulsar la formación y fortalecimiento del personal.
- Ampliar la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias.
- Promover la función de extensión universitaria.
- Desarrollar la función de investigación.
- Prever la provisión y mantenimiento de infraestructura y equipamiento.
- Impulsar la internacionalización inclusiva de la enseñanza, investigación y extensión.
- Asegurar y profundizar programas de bienestar estudiantil e incrementar la inversión en becas.
- Actualización por IPC: Encomendaba al Poder Ejecutivo Nacional actualizar al 1 de enero de 2025 el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024.
La objeción total al proyecto de ley se fundamenta en la visión del Gobierno de mantener el control sobre el gasto público y evitar lo que considera intromisiones en las facultades del Poder Ejecutivo para administrar los recursos del Estado. Sin embargo, la medida abre un nuevo frente de conflicto con un sector que reclama mayores fondos para garantizar la calidad y accesibilidad de la educación superior.
