Al cumplirse un año del grave ataque que sufrió el fotorreportero Pablo Grillo, familiares, organismos de derechos humanos y distintos sectores sociales volvieron a reclamar avances en la causa judicial que investiga el hecho ocurrido durante una protesta frente al Congreso de la Nación Argentina.
El episodio ocurrió cuando el fotógrafo, de 35 años, cubría una movilización convocada por jubilados y distintos sectores sociales. En ese contexto, recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno que le provocó graves heridas en la cabeza.
Tras el hecho, Grillo fue trasladado al Hospital Ramos Mejía, donde fue sometido a una extensa intervención quirúrgica de aproximadamente nueve horas y permaneció en estado crítico. Luego inició un prolongado proceso de rehabilitación que continuó en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca.
La investigación determinó que el disparo habría sido efectuado por el cabo primero de Gendarmería Nacional Argentina, Héctor Guerrero, quien fue procesado por los delitos de lesiones gravísimas y abuso de armas. Las pericias señalaron que el agente habría disparado varias granadas en dirección a los manifestantes, una de las cuales impactó en la cabeza del fotógrafo.
El procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones y posteriormente por la Cámara Federal de Casación Penal. Sin embargo, el gendarme continúa en libertad mientras avanza la causa judicial.
Durante el último año, familiares, organizaciones sociales y vecinos del barrio de Remedios de Escalada, en el partido de Lanús, realizaron distintas actividades para mantener visible el reclamo de justicia. Entre ellas se destacan los llamados “semaforazos” que se realizan semanalmente en la zona.
En febrero pasado, tras varios meses de recuperación, Grillo pudo regresar a su casa. No obstante, su entorno continúa reclamando que la investigación avance y que se determinen las responsabilidades correspondientes por el ataque que casi le cuesta la vida.
