El acuerdo por el cuál el gobierno de «Nacho» Torres libera a YPF y blinda a la empresa ante futuros reclamos, fue impugnado ante la Justicia.
En el acuerdo, Torres aceptó una compensación de 25 millones de dólares para áreas con entre 2.000 y 3.000 pozos inactivos, esto representa un 7.4% sobre lo que obtuvo el gobernador de Santa Cruz, quien logró un acuerdo por 335 millones de dólares para aproximadamente 1.200 pozos.
La presentación también fue remitida a la Defensoría del Pueblo de Chubut, solicitando que ese organismo intervenga institucionalmente para impedir la aplicación del convenio. El escrito reclama que el fiscal de Estado, Andrés Meiszner, ejerza el control de legalidad previsto por la Constitución provincial y promueva una acción de inconstitucionalidad contra la ley sancionada el pasado 2 de julio, además de solicitar la nulidad del acuerdo firmado con la petrolera. Los presentantes sostienen que el convenio afecta derechos colectivos protegidos por la Constitución Nacional, la Constitución de Chubut, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.
CLÁUSULA DE INDEMNIDAD
El eje central de la impugnación apunta contra la denominada cláusula de «liberación de responsabilidad» incorporada en el convenio. En ese punto, la presentación realizada, sostiene que el gobierno de «Nacho» Torres no puede liberar a YPF de eventuales responsabilidades derivadas de pasivos ambientales históricos porque esa obligación tiene carácter de orden público y, por lo tanto, no puede ser objeto de una renuncia o transacción mientras el daño subsista.
TAMBIÉN CUESTIONAL EL «PERDONAZO» PARA RESTINGA ALÍ
Los firmantes sostienen además que el convenio extiende la liberación de responsabilidad a Restinga Alí, un área cuya reversión ya había sido tratada mediantra otra Ley:
A su entender, el nuevo acuerdo incorpora ese yacimiento dentro de la cláusula general de indemnidad sin una auditoría de cierre específica, lo que califican como un «contrabando legislativo». Y añade el planteo: “Incorporar un área cuya reversión ya fue tratada por otra ley (Ley XVII Nº 162) dentro de este acuerdo, para otorgarle un ‘perdonazo’ ambiental genérico, vulnera el principio de no regresión ambiental”.
«NO ES UNA CONTRAPRESTACIÓN, SINO UN PERDÓN»
Otro de los cuestionamientos apunta directamente a los 25 millones de dólares que YPF pagará a la Provincia.
Los firmantes rechazan que ese monto sea presentado como una «contraprestación extraordinaria» y sostienen que, en realidad, constituye el precio de una renuncia estatal a futuros reclamos ambientales.
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«Lo ordinario es que los responsables de los daños ambientales se hagan cargo de sus obligaciones y que quede científicamente establecida la cuantía de esas obligaciones», sostienen en la presentación. Como parte de esa argumentación comparan el convenio firmado por Chubut con el alcanzado por Santa Cruz durante la salida de YPF de otras áreas petroleras.
