El diputado nacional de Unión por la Patria, Juan Marino, presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios del Gobierno nacional por el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que autorizó el ingreso de tropas de Estados Unidos para participar de ejercicios militares en territorio argentino.
La presentación judicial también alcanza al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, al ministro de Defensa Carlos Presti, al canciller Pablo Quirno y al ex secretario de Comunicación Javier Lanari.
La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, a cargo del juez Julián Ercolini.
En la denuncia, patrocinada por el abogado Eduardo Barcesat, Marino cuestionó la legalidad del DNU mediante el cual el Gobierno autorizó el ingreso de más de 350 efectivos militares estadounidenses que participaron durante 42 días de los ejercicios «Daga Atlántica» y «PASSEX», desarrollados en bases militares de las provincias de Buenos Aires y Córdoba.
Según el legislador, durante esas maniobras operó el portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz, que ingresó a la Zona Económica Exclusiva Argentina. Además, recordó que el presidente Milei visitó la embarcación y firmó una bandera argentina sobre su cubierta.
Marino sostuvo que la autorización del ingreso de tropas extranjeras corresponde exclusivamente al Congreso de la Nación, de acuerdo con el artículo 75, inciso 28, de la Constitución Nacional. Asimismo, argumentó que la Ley 25.880 impide que este tipo de autorizaciones sean otorgadas mediante un decreto del Poder Ejecutivo.
En ese contexto, la denuncia atribuye a los funcionarios los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y traición a la Patria.
El diputado enmarcó además la presentación en el escenario internacional, al señalar que el Gobierno argentino se alineó con la política exterior de Estados Unidos e Israel sin contar, según sostuvo, con autorización del Congreso.
A través de la denuncia, Marino pidió que la Justicia investigue la legalidad del decreto y la eventual responsabilidad penal de los funcionarios involucrados en la autorización del ingreso de las tropas estadounidenses al país.
