Las modificaciones que se analizan sobre las leyes de desalojos, expropiaciones y manejo del fuego podrían tener efectos que exceden el ámbito urbano y alcanzar a productores rurales, comunidades originarias y territorios afectados por incendios. Así lo planteó la periodista especializada en medioambiente Laura Rocha durante una entrevista en Ronda de Investigación, por +Perfil.
Rocha señaló que el análisis debe contemplar de manera conjunta las distintas reformas y advirtió que las modificaciones sobre desalojos también podrían afectar a quienes producen en tierras rurales. En ese sentido, mencionó el caso de productores que alquilan campos y deben abandonarlos ante dificultades para afrontar los pagos o cuando una temporada productiva no arroja los resultados esperados.
La periodista también incluyó en ese escenario a comunidades originarias que, según explicó, en muchos casos ocupan terrenos bajo condiciones de tenencia precaria.
Qué cambia con la Ley de Manejo del Fuego
Rocha vinculó además el debate con la modificación de la Ley de Manejo del Fuego, aprobada en 2020 luego de una temporada marcada por una gran cantidad de incendios, particularmente en las islas del Delta del Paraná.
Según explicó, aquella normativa estableció restricciones para evitar que un terreno afectado por un incendio pudiera cambiar rápidamente su destino. Para tierras agrícolas, la prohibición se extendía durante 30 años, mientras que en el caso de incendios forestales alcanzaba los 60 años.
La periodista señaló que la versión más reciente de la reforma elimina esas restricciones temporales, aunque mantiene una prohibición vinculada al cambio de uso del suelo en bosques nativos. Al mismo tiempo, planteó que existe un debate respecto de las diferencias entre bosque nativo y bosque implantado.
Para Rocha, las modificaciones sobre propiedad de la tierra, incendios y desalojos forman parte de una misma problemática, especialmente en zonas rurales donde pueden confluir distintos conflictos vinculados al uso y la ocupación del territorio.
