Javier Milei anunció el envío al Congreso de un paquete de proyectos destinado a reforzar el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, en un momento en que dos empresas extranjeras avanzan con el desarrollo del yacimiento petrolero offshore Sea Lion, ubicado al norte de las islas.
El proyecto es desarrollado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, que tienen una participación del 65% y 35%, respectivamente. El yacimiento se encuentra en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros al norte de las islas y aproximadamente 240 kilómetros de Puerto Argentino.
Según informó este jueves el medio británico The Telegraph, las compañías tienen previsto comenzar a perforar en los próximos meses y apuntan a iniciar la producción en 2028. El proyecto contempla una primera etapa con una inversión estimada en USD 1.800 millones y una producción de unos 50.000 barriles diarios.
El mismo medio señaló que existe la posibilidad de que el petróleo obtenido en el yacimiento sea enviado hacia Europa y el Reino Unido a partir de 2028. Las estimaciones difundidas sobre las reservas recuperables de Sea Lion rondan los 819 millones de barriles, mientras que se prevé que la explotación pueda extenderse durante más de 30 años.
Frente a ese escenario, el Gobierno argentino anunció que buscará endurecer las herramientas legales contra las empresas que participen de actividades hidrocarburíferas en la zona. Milei también adelantó la construcción de una base naval en Tierra del Fuego como parte de la estrategia vinculada con la defensa de la soberanía.
La Cancillería argentina ya había rechazado el desarrollo de Sea Lion y sostuvo que las empresas involucradas no cuentan con autorización de las autoridades argentinas para realizar esas actividades. El Gobierno considera que se trata de una explotación unilateral de recursos naturales en un área alcanzada por la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido.
Además, la administración nacional recordó que Rockhopper fue declarada clandestina e inhabilitada para operar en Argentina durante 20 años mediante una resolución de 2012. En el caso de Navitas Petroleum, una resolución de 2022 estableció una sanción similar por operaciones hidrocarburíferas realizadas sin autorización argentina.
La posición oficial también alcanza a las concesiones, la contratación de proveedores y otras acciones vinculadas con el desarrollo del proyecto petrolero.
