El Gobierno de Santa Cruz intervino judicialmente para garantizar el ingreso de inspectores al yacimiento Cerro Negro, operado por Newmont, luego de denunciar que los accesos al establecimiento habían sido cerrados con candados. Tras ingresar al complejo, la autoridad provincial dispuso seis ceses preventivos de tareas en distintos sectores por irregularidades detectadas durante los controles.
El operativo comenzó el 9 de septiembre y fue planificado con una duración de entre 72 y 96 horas. Más de 20 agentes provinciales participaron de las inspecciones, que abarcaron sectores bajo mina, plantas y laboratorios. Las medidas dispuestas no implican el cierre total del yacimiento, sino la suspensión de actividades específicas hasta que sean corregidas las observaciones realizadas.
Entre los puntos señalados por los inspectores aparecen vehículos que no contarían con la habilitación correspondiente, inconvenientes relacionados con el transporte de combustible y sustancias peligrosas y deficiencias en equipos utilizados para medir gases. El secretario de Trabajo santacruceño, Javier Aravena, también informó que durante el procedimiento se verificó una situación que podría estar vinculada con un derrame de cianuro.
La intervención de la Justicia, según explicó la Provincia, tuvo carácter administrativo y no correspondió a un allanamiento penal por una investigación criminal contra la compañía. La medida permitió que los funcionarios pudieran ingresar al establecimiento y continuar con las tareas de fiscalización laboral y de seguridad.
El conflicto se da después de distintas inspecciones realizadas por la Provincia durante 2026 y de reclamos gremiales vinculados con las condiciones de seguridad, las empresas contratistas, la contratación de trabajadores locales y la presencia de responsables de Newmont con capacidad para tomar decisiones en Santa Cruz. Hasta el momento, no se difundió públicamente un informe técnico completo con el detalle de todas las observaciones ni una respuesta específica de la empresa a las acusaciones formuladas por el Gobierno provincial.
La situación también vuelve a poner el foco sobre las condiciones de seguridad de Cerro Negro. En abril de 2024, dos trabajadores murieron mientras cumplían tareas en el yacimiento. En aquel momento, Newmont confirmó los fallecimientos, suspendió las actividades e inició una investigación para determinar las circunstancias de lo ocurrido.
El escenario se presenta mientras la compañía avanza con el Cerro Negro District Expansion 1, proyecto que fue retomado luego de una pausa de aproximadamente un año. La expansión prevé incorporar unos 3,5 millones de onzas de oro, extender la vida útil de la operación más allá de 2038 y demandar una inversión estimada de entre 550 y 600 millones de dólares.
Newmont proyectó además una producción cercana a las 220.000 onzas de oro durante 2026, por lo que las restricciones preventivas sobre determinados sectores podrían afectar el desarrollo de actividades y obras si las observaciones no son corregidas en los plazos establecidos.
Otro de los reclamos que permanece dentro de la disputa es el cumplimiento de los porcentajes de trabajadores locales exigidos por la Provincia, una cuestión que también generó cuestionamientos de sectores gremiales hacia la empresa y sus contratistas.
Fuente: Minería y Desarrollo
