La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut expresa su rechazo a las recientes manifestaciones del Sr. Gobernador de la Provincia respecto de un Proyecto de Ley de Tope Salarial para las y los agentes públicos provinciales, que establecería como límite máximo el equivalente al sueldo del titular del ejecutivo provincial. Así lo informó a través de un comunicado.
«Una vez más, cuando se patentiza la total ausencia de un plan del Poder Ejecutivo que permita ir superando la gravísima crisis por la que atraviesa la Provincia, el Sr. Gobernador comunica medidas unilaterales y demagógicas, carentes de impacto relevante en las cuentas públicas en tanto representarían un recorte ínfimo en la masa salarial del Estado.
Respecto de magistradas/os y funcionarias/os judiciales advertimos que un “tope salarial”, además de confiscatorio, atentaría contra las garantías de intangibilidad y de igualdad previstas en los art. 170 de la C.P. y arts. 16 y 110 de la C.N. La remuneración de la magistratura y del funcionariado judicial se corresponde con la función esencial que cumplen, las responsabilidades que implican sus cargos y la total restricción legal, a diferencia de otros funcionarios públicos, de sumar cualquier tipo de actividad rentable, con la única excepción de la docencia universitaria.
Hemos cuestionado el actual déficit fiscal, producto de perniciosas concesiones de nuestros recursos naturales en condiciones desfavorables para el Estado Provincial; la falta de control en las extracciones de esos recursos, en todas sus especies; el aumento desproporcionado del gasto público y el fenomenal endeudamiento en moneda extranjera, con intereses superiores al promedio internacional y con garantías que comprometen nuestro futuro. La demora en la renegociación de esa deuda, considerando los vencimientos de capital e intereses comprometidos para 2020, ha provocado una estridente caída de los recursos provinciales.
Por todo ello, exhortamos -una vez más- al Poder Ejecutivo Provincial a que promueva un diálogo político sensato, convocando a los demás Poderes del Estado y a los sectores gremiales –activos y pasivos-, económicos y sociales involucrados, a fin de diseñar de manera conjunta un plan para superar la actual situación de emergencia. Sólo acciones consensuadas, que puedan incluir compromisos solidarios, serán capaces de garantizar la paz social en este contexto económico cada día más deteriorado y complejo».
